En una una sesión que se extendió hasta la madrugada del 10 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la amnistía para 268 personas procesadas en 57 procesos judiciales. La moción, presentada por Mario Ruiz (Pachakutik), fue votar las amnistías en un solo paquete, mezclando todo tipo de casos.
La principal polémica se dio en torno a los procesos relacionados con el paro nacional de octubre de 2019. Asambleístas oficialistas, cuestionaron que se busque el perdón para quienes generaron acciones bandalistas en la capital.
Tras cerrarse la votación, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (quien un día antes evitó su destitución), dijo que esta decisión permitirá “reconciliar al país”.
De lo actuado por la Asamblea Nacional salen favorecidos algunos defensores de causas justas; sin embargo, también se benefician quienes dirigieron acciones vandálicas y que generaron el caos y pánico de muchos ciudadanos.
Lo actuado por la Asamblea ha despertado una justa reacción de varios sectores ciudadanos, que consideran la amnistía como una afrenta ante los hechos ocurridos en octubre de 2019 y que se preguntan ¿Qué ocurrirá con el secuestro a policías o la agresión a periodistas realizado en la Casa de la Cultura? ¿Quién responderá por la quema de la Contraloría así como de edificios públicos y privados? ¿Qué pasará con los dirigentes universitarios que colocaron trampas para lastimar a policías? ¿Quién responde por los cortes de agua y de las telecomunicaciones generadas en Ambato? ¿Quién se hace cargo por el abuso a mujeres policías ocurrido en Pujilí, o por las pérdidas económicas que sufrieron familias que tuvieron que cerrar sus negocios?
Si bien la amnistía puede ser una herramienta constitucional que busque pacificar y atemperar antagonismos ideológicos, genera dudas que se deje por fuera de este proceso a las fuerzas del orden. Si la Asamblea quería dar un mensaje de pacificación, por qué no se tomó en cuenta a servidores públicos y uniformados encargados de precautelar el orden en momentos de crisis, es lo que muchs se preguntan.
Lo actuado por la Asamblea anula cualquier proceso de reconciliación y deja un precedente de impunidad social. Ello es una nueva derrota para democracia, pues pone a sujetos que atentaron contra el orden público sobre las leyes y la institucionalidad. Evidencia también una pasividad de la ciudadanía que al parecer, se va acostumbrando a que este tipo de manifestaciones queden sin sanciones.
El mensaje que la Asamblea le dio al país el pasado jueves es vengan, incendien, destruyan, secuestren, aterroricen, suspendan todo tipo de actividades, quiebren negocios, tranquilos que a la capital no se la respeta, tranquilos que en la Asamblea todo se perdona y lo más grave, se olvida.
Habrá que ver el impacto político que las organizaciones participantes en este proceso tendrán de cara al proceso electoral en el 2023.
