Días atrás, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a una pena de diez años de prisión a Carlos Pareja Yannuzzelli. No hay ninguna razón para dudar de la idoneidad de este fallo, pero en los comentarios que públicamente se hacen sobre este y otros similares, a menudo se deslizan algunos serios malentendidos.
Por ejemplo, se lee, a veces, la opinión de que decisiones judiciales como la mencionada son prueba de que “ahora sí la justicia está funcionando”. En estas afirmaciones parece deslizarse el supuesto de que la justicia funciona cuando y porque emite condenas. La absolución del acusado o el sobreseimiento serían prueba de que la justicia está siendo inoperante o cómplice. Las personas que así piensan parecen considerar que la eficacia de la justicia se mide por el número de sentencias condenatorias o por el porcentaje de acusaciones que terminan en condenas. Aparentemente, se está pensando que la justicia es algo así como una fábrica de un producto que se llama “condena”. Mientras más condenas, más productividad, mientras menos condenas, menos productividad, y por tanto menos eficiencia y probidad de la función.
Esta idea sería un craso error. La probidad y eficacia de la justicia no se miden por el contenido de las sentencias, sino por la correcta aplicación del debido proceso y por la pericia legal de las partes involucradas. La justicia no es buena o mala porque condene o absuelva, sino porque -independientemente del resultado de un proceso determinado- los dictámenes han sido resultado de una operación ceñida a los méritos del caso y fiel a las normas que regulan la acción judicial.
Insistir en que los jueces han de ser evaluados por su capacidad de condenar es una forma subrepticia de reintroducir la figura del “linchamiento legal” y de la justicia bajo presión popular. Esto nos retraería a formas pre-modernas de justicia, en donde la acción de los jueces se movía, con frecuencia, por el deseo de aplacar a la muchedumbre. (O)
