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El Telégrafo

La dictadura de Pinochet

13 de enero de 2012 - 00:00

Las terribles imágenes del 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile son difíciles de olvidar: los aviones de la fuerza aérea bombardeando La Moneda. Era el macabro inicio de la tragedia para la mayoría del pueblo chileno, que se extendería durante diez y siete años.

En efecto, el número de víctimas de Augusto Pinochet  y sus cómplices (1973-1990) superó las 40.000 personas (cifra en la que se incluyen 3.225 muertos o desaparecidos), según un nuevo informe oficial elaborado por la comisión que investiga las violaciones a los derechos humanos en Chile.

El informe revela que existen más víctimas de las que se había registrado inicialmente. Según la directora de la comisión, María Luisa Sepúlveda, se han identificado otras 9.800 personas, víctimas de torturas y persecución política. El número total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años del desgobierno fascista de Pinochet, quedó establecido en 40.280.

El Estado chileno está investigando  la fortuna de más de 21 millones de dólares que pertenecía al ex dictador. Según el vespertino La Segunda, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) analiza los pasos a seguir dado que, al haberse cumplido -el 10 de diciembre de 2011- cinco años de la muerte de Pinochet, se terminaron los plazos legales para iniciar acciones sobre esos fondos. La opinión del juez chileno Manuel Valderrama, que investiga una denuncia por fraude, malversación de fondos y cohecho contra Pinochet, es que la fortuna del ex dictador es de 21’320.110 dólares. De esa suma -según Valderrama-, 17’866.000 dólares no se encuentran justificados y se desconoce su origen.

Ahora resulta que los estudiantes chilenos de primero a sexto grado ya no aprenderán que en su país hubo una sangrienta dictadura entre 1973 y 1990, encabezada por Augusto Pinochet, sino un “régimen militar”, luego de que el Gobierno modificara los textos escolares, según declaraciones del ministro de Educación, Harald Beyer. El cambio fue propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Consejo Nacional de Educación el 9 de diciembre de 2011.
Causa preocupación el efecto que este nuevo concepto tendría sobre la formación de los niños y su visión sobre la realidad de un período de la historia de Chile, que dejó profundas cicatrices.

Se puede deducir que la intención política es clara: convertir a los asesinos en héroes; transformar a los ladrones en honrados ciudadanos.

A los neoliberales no les gusta llamar a las cosas por su nombre. Son iguales en todas partes.

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