La magnitud de los efectos de la crisis COVID 19 en el país ha tenido un efecto económico y social devastador. A nivel macroeconómico se manifiesta en una contracción sin precedentes del PIB (-7.8% en 2020). Para la población en su conjunto el efecto se siente en los mercados laborales a través del demencial porcentaje de informalidad laboral, esto es alrededor del 70% de la población económicamente activa (5.8 millones de ecuatorianos en condiciones de precariedad laboral). Conviene precisar ciertas particularidades de esta crisis con el fin de apreciar su profundidad y la urgencia de adoptar reformas laborales que coadyuven a atenuar su impacto.
En general, las anteriores crisis se producen por choques en la demanda, que afectan de forma similar en todos los sectores productivos; en esta ocasión, a más del impacto inicial a la demanda y de forma casi inmediata, comenzó un choque sin precedentes en la oferta y con mayor alcance e intensidad en determinados sectores. Este heterogéneo impacto sectorial tiene graves consecuencias en los mercados de trabajo como ninguna otra crisis, pues ciertos sectores se perjudicaron más que otros y con distintos grados de persistencia; por lo tanto, su recuperación tendrá ritmos diferentes en dependencia de sus particularidades productivas, estructura empresarial, potencialidad de adaptarse a la tecnología y sobre todo de su capacidad de absorción de empleo informal para convertirlo en formal; adicionalmente, estas características se subordinan a su vez por las condiciones sociales del trabajador informal (baja productividad, nivel educativo básico, localización, etc.) y del marco normativo que ahora mismo es un obstáculo a la contratación. Este entorno provocará sin duda una mayor desigualdad y pobreza en concordancia con los impactos sectoriales diferenciados.
Por si fuera poco, la informalidad en economías como la nuestra, se ha desempeñado generalmente como un “refugio” laboral en épocas de crisis; en este caso, hay una afectación considerable en la propia dinámica del sector informal debido a que las diversas restricciones a la movilidad adoptadas para combatir la pandemia inhibieron el “normal” funcionamiento de muchas actividades productivas muy relacionadas con el sector informal, como el comercio y los servicios, disminuyendo de forma considerable su papel de amortiguador como lo ha hecho en otros episodios de crisis. Unas reformas laborales más flexibles se imponen al menos como un paliativo y no deberían admitir oposición alguna. Una reducción de la informalidad laboral requiere de un cambio estructural mediante la aplicación de políticas de Estado de largo plazo orientadas a cambiar la composición productiva, empresarial y una movilidad en ascenso de los estratos sociales sobre la base de inversión pública en educación y salud.
