Los famosos Pandora Papers son el resultado de una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participaron más de 600 profesionales, quienes revisaron casi 12 millones de documentos, por lo que referirse al contenido de esta investigación como un “complot internacional” resulta bastante desacertado.
De hecho, así fuera un complot internacional, todos los ecuatorianos tenemos el derecho de saber si la información contenida en los Pandora Papers requiere de algún tipo de consecuencias para los involucrados, empezando por el propio Presidente de la República. Justamente en tal sentido, la Asamblea Nacional no ha demorado la decisión de que sea una de sus comisiones la que se encargue de investigar el tema.
Esta no es la primera ni la última vez que la Asamblea realizará una investigación de este estilo, pero sí ha llamado la atención que teniendo una comisión específicamente dedicada al control político (que además ya había iniciado una investigación y solicitado información a la Presidencia), el pleno de la Asamblea haya preferido que los Pandora Papers sean investigados por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Otra alternativa también utilizada en el pasado por el legislativo habría sido conformar una comisión específica, en la que se cuente con la presencia de las distintas bancadas legislativas, pero parece ser que a la mayoría del pleno de la Asamblea le resulta suficientemente cómoda la conformación de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos para investigar al Presidente.
Independientemente de aquello, la facultad de fiscalizar, otorgada constitucional y legalmente a la Asamblea, no puede ni debe ser ejercida de manera arbitraria. Así, por ejemplo, son los servidores públicos los que deben responder las inquietudes que supuestamente puedan tener los asambleístas, no los familiares de dichos servidores públicos. Esto queda meridianamente claro en el texto del numeral 9 del artículo 120 de nuestra Constitución.
Así las cosas, la Comisión de Garantías Constitucionales deberá cumplir con la importante labor de adentrarse en los Pandora Papers y elaborar un informe para el conocimiento del pleno. Lo que pueda ocurrir después todavía resulta incierto y dependerá enteramente del contenido del informe, pero a todos, incluyendo al Presidente, nos convendría que la Comisión realice una labor adecuada, sin shows políticos ni cacerías de brujas, aunque me parece que en nuestro país eso ya es pedir demasiado.
