Esta semana mediante rueda de prensa la Presidenta del Consejo de la Judicatura ha confirmado las sospechas que los ciudadanos teníamos de lo permeable que el Sistema de Justicia puede ser ante la corrupción.
La presunta manipulación de sorteos y los arreglos bajo la mesa son una presunción del órgano administrativo de la Función Judicial en los procesos constitucionales que favorecieron al poderoso Yunda.
Lo resuelto por el juez Soto es una vergüenza. La inexistencia del acta de sorteo y la agilidad de su despacho nos recuerda al caso “chucky seven” en donde la justicia actuó a la medida de los poderosos; todo esto mientras que los ciudadanos comunes debemos insistir permanentemente que despachen las causas.
La cronología del proceso revela que la solicitud de medidas fue ingresada el 07 de julio a las 08h41 y rotulada como “cobro de honorarios”; a las 10h58 el actuario sienta la razón de que se trata de una acción constitucional, y cambia la rotulación; luego el juez dispone: i. extraer del sistema satje la sentencia emitida por la jueza Domínguez; ii. transformar el texto de la demanda a formato digital y ordena se remita a su email; a las 12h31 se sienta razón del ingreso por parte del funcionario que recibió la causa de unos correos electrónicos que no constan en la demanda; a las 13h07 ingreso de archivos en flash memory; y, a las 15h08 el Juez Soto otorga las medidas cautelares a favor del Ex Alcalde.
Así el juez Soto en tiempo record falló contra norma expresa que manda la improcedencia de medidas cautelares autónomas cuando se trate de la ejecución de órdenes judiciales (Art. 27 LOGJyCC); actuación que pone en riesgo la seguridad jurídica pilar del Estado Ecuatoriano.
Sin embargo, las acciones de fiscalía han sido acertadas y necesarias para devolver la confianza en la justicia; pero nos quedan preguntas: ¿Quiénes fueron los emisarios? y ¿Todo vale para torcer las justicia a su favor?
