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El Telégrafo
V. Pérez y C. Hernández

Interés social vs. interés privado

23 de enero de 2019 - 00:00

Buenos Aires es uno de los principales núcleos urbanos de Latinoamérica. En ella se producen unos 20 millones de viajes diarios. Pese al largo y sostenido proceso de consolidación de una movilidad basada en el automóvil, el transporte público sigue siendo la única opción para amplios sectores, en particular, aquellos de menores recursos.

La movilidad es un derecho con jerarquía sobre los demás, pues es condición necesaria para la realización de otro conjunto de derechos como el trabajo, el estudio, la salud, la recreación. Pero desde inicios del siglo XXI, se asiste a la implementación de un conjunto de políticas sectoriales que ponen en tensión la posibilidad de su ejercicio pleno.

De las políticas de exclusión con bienestar se pasó a las de inclusión sin bienestar. Las primeras, características de las privatizaciones de los modos guiados de los años 90 y la reorganización del autotransporte colectivo de pasajeros, implicaron mejoras en la calidad de los servicios, pero a costa de incrementos tarifarios que llegaron a comprometer casi un tercio del salario mínimo vital y móvil.

El comienzo del milenio marcado por una nueva orientación de la política, cambió la estrategia en este terreno. Se pasó a asegurar la accesibilidad económica y, como modo de sostener el poder adquisitivo del salario, se congelaron las tarifas e implementaron subsidios estatales para el sostenimiento del sector. Según datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, hacia 2005, el costo del transporte urbano representaba en promedio el 2,7% del gasto total de los hogares, con una brecha que fue del 4,3% para los de menores ingresos (quintil 1) que usan transporte público y 1,5% para los de mayores ingresos (quintil 5), que se mueven sobre todo en transporte privado.

Pero la accesibilidad económica se sostuvo con enorme carencia de capacidades estatales que pudieran garantizar efectos positivos sobre el sistema. El uso discrecional de recursos públicos por parte de los privados llevó a una degradación de la calidad de los servicios, que construyó a la experiencia de viaje de los usuarios en un padecimiento cotidiano. (O)  

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