Ha vuelto la tensión a la Asamblea Nacional y el fantasma de la muerte cruzada vuelve a ser un tema de debate. La situación al interior del poder legislativo se ha complicado, una vez que varias bancadas se encuentran negociando una posible destitución de sus autoridades.
Tres temas son los que por ahora generan conflicto entre los legisladores. La derogatoria de la reforma tributaria, la nueva propuesta de reforma en materia de inversiones y los juicios políticos pendientes, entre ellos, a los vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, al procurador Íñigo Salvador y al contralor Carlos Riofrío.
Al momento existe un bando compuesto por la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la facción más radical del movimiento Pachakutik. Ambas fuerzas se han ratificado sobre la posibilidad de iniciar un proceso de destitución de las autoridades de la Asamblea.
La designación de las actuales autoridades del ente legislativo se consiguió gracias a los votos de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID). Ello llevó a Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea. Hoy la situación ha cambiado, producto de una ruptura a la interna del movimiento idigenista y de los acercamientos mantenidos entre su facción más radical con el correísmo. La titular del Legislativo ha acusado al correísmo y algunos miembros de Partido Social Cristiano de intentar “tomarse por asalto la Asamblea”.
Tras esos movimientos políticos, hoy se habla de generar cambios en la presidencia y las dos vicepresidencias del poder legislativo, así como en la integración del Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Ello se lo podría hacer a través de la creación de una comisión pluripartidista ad hoc, designada por el Pleno y que podría ser mocionada por cualquier asambleísta.
La creación de esta comisión demandaría un total de 70 votos, que se podría lograr si UNES se junta con el ala radical de Pachakutik y si a ellos se suman miembros del PSC y algunos independientes.
A esto se suma la entrega por parte del Ejecutivo de la reforma en materia de inversión, presentada como proyecto económico urgente. Ello significa que la Asamblea tiene 30 días para tramitarla o pasará por el ministerio de la ley, como ocurrió con la reforma tributaria. El futuro de la ley dependerá de la comisión a la cual sea remitida. Lo más probable es que pase a la de Desarrollo Económico, la cual ya tramitó la reforma tributaria y considerando que la Comisión de Régimen Económico está dirigida por la facción radical de Pachakutik.
De cara al trámite de esta nueva ley, ha regresado el fantasma de la muerte cruzada. Si la iniciativa llegara a bloquearse, el Gobierno analizaría la posibilidad de disolver a la Asamblea si de forma reiterada se obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
El Ejecutivo no ha podido estructurar en estos nueve meses, una mayoría sólida al interior de la Asamblea, lo cual ha complicado su gestión. La conformación de nuevos escenarios al interior de la misma, mantiene inquieto al régimen, por lo que la idea de conspiración nuevamente se ha posicionado, agitando aún más el panorama político y haciendo que la posibilidad de la muerte cruzada sea vista como un destino inevitable.
