Se está implementando acciones coordinadas para mejorar la seguridad en Ecuador, donde algunas ciudades sufren del azote de la delincuencia común y del crimen organizado, que encontró en Ecuador un país pacífico sin las defensas contra este mal y con una prensa que vio en la crónica roja su oportunidad para hacer dinero fácil, lo cual potencia y alienta la criminalidad.
Las medidas gubernamentales van desde el endurecimiento de penas, severidad en las leyes de tránsito con choferes de buses que provocan siniestralidad, controles policiales, controles a la Policía, participación del Ejército, hasta una consulta popular.
La política pro seguridad del Gobierno va en la dirección correcta y contempla muchos frentes, pero hay uno que merece especial atención: el sector turístico, fuente de muchas satisfacciones y apoyos estatales, pero actualmente en pleno desborde de las leyes existentes.
Para empezar, la hotelería. En un gran porcentaje, la de tarifas muy bajas, es ilegal y reducto de delincuentes que con absoluta facilidad cambian de ciudad evadiendo las acciones policiales. El Ministerio de Turismo no controla todos los hospedajes -como debería ser- y los que no califican como turísticos, los deja a su libre albedrío y son verdaderos reductos de asaltantes, prostitutas y turistas extranjeros ingenuos que por pagar poco sufren experiencias terribles.
Si un hospedaje no califica ante el Mintur, lo lógico es su clausura; pero no, el Mintur se desentiende y ello ha motivado la proliferación de Pensiones y Hostales donde jamás se pide identificación al visitante, no hay registros -y tampoco baños-, ninguna autoridad los supervisa ni sanciona y su proliferación en todas las ciudades es vertiginosa.
Muchos se escudan en permisos de funcionamiento que dan las intendencias, lo que es ilógico y crea en el hospedaje de Ecuador dos cabezas: el Mintur y las intendencias.
En otros países, si un local no cumple los requisitos para brindar hospedaje con servicios básicos, seguridad y dentro de la ley, no puede abrir sus puertas.
El Gobierno bien haría en retirar la potestad a los intendentes de dar permisos de funcionamiento a hoteles sin aval del Mintur, y los municipios no deben conceder permisos de construcción de hoteles sin baños privados, lo que se hace expresamente para evadir al Mintur.
Los delincuentes tienen su propia red hotelera nacional, desde donde planifican sus asaltos y se refugian luego a gastar el dinero en drogas y prostitutas.
