La política comunicacional del gobierno anterior ha sido muy cuestionada desde hace ya algunos años. Las críticas se centran en el excesivo gasto, en el uso de recursos públicos para lo que se ve como mera propaganda oficial, en la verticalidad, en los contenidos sectarios, agresivos y autoritarios, y en la “cancha inclinada” que genera una grave asimetría entre el oficialismo y sectores de oposición.
Sin embargo, antes de plantear una alternativa es necesario recordar de dónde venimos. En efecto, en la época que asumió el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, también existían fuertes objeciones a las políticas comunicacionales del Estado.
Pero en aquel entonces, las críticas se enfocaban en lo que se percibía como lejanía del poder, poca accesibilidad, opacidad y carencia de suficiente información sobre la acción estatal.
Inicialmente, la propuesta comunicacional de la autodenominada “Revolución Ciudadana” aspiraba a acercar el Gobierno al pueblo, a transparentar la acción estatal, a fortalecer la rendición de cuentas, a fomentar el dialogo entre la población y sus representantes y servidores.
Esa era, al menos en principio, la lógica de las sabatinas o enlaces, de los gabinetes itinerantes (por lo demás, muy bien acogidos por las poblaciones anfitrionas) y de la creación de un fuerte sector de medios públicos que sirvieran de contrapeso a los oligopolios privados de la comunicación.
Es necesario, sin embargo, reconocer que estas iniciales intenciones se desvirtuaron en algún momento. En vez de fomentar la transparencia, el modelo comunicacional, fomentó la violencia verbal y la represión de voces no oficiales, en vez de promover el dialogo Estado- sociedad, se creó una plataforma que inundó a la sociedad con una agobiante propaganda en un solo sentido, y el exceso de mensajes terminó ocultando la realidad en vez de hacerla más cristalina.
Se puede ocultar de más de una forma: a veces es la oscuridad la que esconde, a veces el exceso de ruido tiene el mismo efecto. (O)
