Los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) iniciaron un nuevo ciclo en la historia del Ecuador, caracterizado por una nueva institucionalidad estatal, el intervencionismo económico y la promoción de las clases trabajadoras.

La primera Junta Provisional fiscalizó a los bancos privados, impuso multas al Comercial y Agrícola de Guayaquil y al del Pichincha en Quito; introdujo el impuesto a la renta y por primera vez un impuesto sobre las ganancias empresariales; creó la seguridad social y dictó las primeras leyes sobre trabajo asalariado. Con Isidro Ayora (1926-1931) y el auxilio de la Misión Kemmerer se crearon el Banco Central (1927) y la Superintendencia de Bancos.

Todas esas medidas provocaron la reacción empresarial de la época y singularmente la bancaria. Se dijo que se acabarían las inversiones, que se atentaba contra la libre empresa, que se confiscaban las ganancias y que se ahuyentaban capitales. Nada de eso pasó.

Algo parecido ocurrió en la década de 1960, cuando por primera vez se hizo la reforma agraria, se implementó un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, se reformó y aumentó el impuesto sobre las rentas y se introdujo la planificación estatal, entre otros “cambios de estructuras”. La CEPAL planteaba la redistribución de la riqueza. Las cámaras de la producción ecuatorianas fueron unánimes en combatir al “comunismo” que, según ellas, llegaba al Ecuador.

El “modelo” ideal de economía empresarial llegó en las décadas de 1980 y 1990: privatizarlo todo, retirar al Estado, mercado libre, apertura indiscriminada a los capitales externos, flexibilidad laboral y, además, sucretización de deudas privadas, salvataje bancario, dolarización, etc.… Hasta que en 2007 todo ello cambió.

Tomando las experiencias históricas de América Latina, es necesario avanzar sobre las ideas de otros tiempos. Hoy no basta el impuesto sobre las rentas, sino fórmulas nuevas y creativas, algunas incluso empleadas por otros países.

Una mejor y más rápida redistribución de la riqueza bien puede hacerse redistribuyendo las utilidades bancarias (y empresariales); introduciendo el accionariado obrero y social; obligando a las empresas a que ejecuten programas sociales…

Debemos comenzar a discutir sobre las ganancias en el capitalismo latinoamericano, siempre originadas socialmente, pero apropiadas por una minoría, bajo un sistema que socialmente las ha legitimado y jurídicamente las reconoce como “legítimas”.