Al complejo panorama producto de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, hoy debemos sumarle los costos que tendrá el país producto de dieciocho días de paralización y que seguramente nos llevará a un cierre de año muy duro.
El Gobierno y la CONAIE finalmente llegaron a un acuerdo para cesar las movilizaciones en el país. Fueron 10 puntos los que se trabajaron en las negociaciones, de los cuales el más sensible fue el de los combustibles, que terminó con un aumento del subsidio para las gasolinas extra, eco y diésel. Para ello, se conformó una mesa técnica que vigile el cumplimiento del acuerdo.
El conflicto pudo resolverse en pocos días, sin embargo, múltiples errores provocaron que el paro convocado por la CONAIE sea uno de los más largos y dolorosos que haya atravesado el país.
Fue un error del Gobierno minimizar las protestas señalando que estas provenían de un solo sector y que el paro estaba debilitado. El Gobierno no visualizó que existe un malestar en el país que se ha profundizado, producto del desempleo, el incremento en los precios de los productos y la falta de seguridad, que han golpeado sobre todo a los sectores más pobres.
Se equivocaron grupos de manifestantes que creyeron que con actos violentos se puede llegar a acuerdos. Manifestarse es un derecho, sin embargo, todo derecho contempla límites y obligaciones. El límite de una manifestación debe darse en el marco de la ley y eso no fue entendido por ciertos sectores. Claro, había una intención detrás de la violencia generada que también quedó develada.
Fallaron algunos medios de comunicación que encuadraron la información en su afán de desacreditar a los líderes de las movilizaciones, pensando que de esa manera, el paro podría terminar, sin informar otras realidades que llevaron a la profundización de este conflicto.
Finalizado el paro, la tarea estará dirigida a reconciliar el país y responder ante las necesidades de los ciudadanos. Es una oportunidad para que el Gobierno pueda repensar la perspectiva económica y la reinversión de recursos del Estado.
El Gobierno deberá construir puentes con varios sectores si desea fortalecer su administración. Para ello, deberá entender que la política está marcada por el conflicto y que el tiempo de acción es fundamental para gestionarlo. Así también, deberá trabajar en territorio, pues la presencia del Estado debe sentirse en cada rincón del país y no solamente en las grandes ciudades.
La ciudadanía tiene la oportunidad de entender que el Ecuador es rico en diversidad, la misma que debe ser reconocida e incorporada. Una interiorización de la sociedad sobre su realidad permitirá superar la mentalidad excluyente en términos de clase, de raza, de etnia que sale a flote en este tipo de conflictos.
Es una oportunidad para comprender que no podrá existir una paz duradera si no existe mayor justicia social y que mejorando las condiciones de vida también se fortalece la democracia. Hay que entender que el diálogo y los consensos son fundamentales para que una sociedad pueda avanzar.
Lo sufrido tiene que ser analizado de manera profunda para que no vuelva a ocurrir. La responsabilidad por ahora la tiene el Ejecutivo. Cada acción generada desde este sector deberá ser bien pensada, las narrativas construidas en torno a la macroeconomía no podrán ir separadas del ámbito social.
Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de ser críticos con lo que ocurre en el país, es importante en ese sentido, construir una sociedad más propositiva y que se queje menos. Por ahora, las primeras reacciones una vez finalizado el paro, evidencian que lamentablemente seguimos fracturados.
