El pasado lunes, los jueces de la Corte Nacional de Justicia dieron a conocer su veredicto ante el recurso de casación interpuesto en el caso sobornos 2012-2016. Los magistrados negaron dicho recurso y la condena de ocho años de prisión para Rafael Correa, Jorge Glas, otros funcionarios de su gobierno y diez empresarios, fue ratificada en dos instancias, quedando de esta manera  en firme.

Para la determinación del fallo fue fundamental la actuación de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, así como de la jueza Daniella Camacho, quienes dejaron sin piso la impugnación planteada por los abogados de Rafael Correa y Jorge Glas.

Ese fallo es histórico, no solo por los ocho años de cárcel determinados para los ex funcionarios, ni por la imprescriptibilidad del delito juzgado. Es histórico porque con este caso se cierra un capítulo nefasto de la vida política nacional.

Los episodios desarrollados durante la administración correísta, estuvieron marcados por la concentración de poder, la persecución, el autoritarismo y el derroche de recursos públicos, producto de la mayor bonanza petrolera obtenida por el país.

La principal herencia que deja la administración correísta y que permanecerá por muchos años en nuestra sociedad, es la profunda fragmentación social. La ampliación del odio a través discursos maniqueistas, permitió al correísmo dividir más a la ciudadanía. Ello a por medio de una política de ataque y repudio basada en sistemas de espionaje, propaganda, persecución y control.

Los descréditos a tesis contrarias, fueron establecidos como mecanismos y estrategias que les permitieron surgir y posicionarse en una sociedad que ya estaba sensible. Correa encontró su mayor éxito en la profundización de divisiones y resentimientos entre ecuatorianos, desarrollando así una confrontación que por algunos años le dio éxito.

El adoctrinamiento generado desde el poder, a través de la construcción de un discurso fuerte y bajo un aparataje propagandístico, permitió diseñar y construir un escenario en donde el partido y el proyecto político estaban sobre el ciudadano.

El daño generado en la sociedad está hecho, afortunadamente los excesos, producto de una concentración de poder han sido evidenciados y el caudillo finalmente deberá responder ante la Justicia. Esto es un aliciente para nuestra democracia, la cual debe crear condiciones de igualdad para todos los ciudadanos en el cumplimiento de la ley.

La sentencia ratificada esta semana es una oportunidad para que el país pueda inaugurar una nueva etapa. La reconfiguración del escenario electoral será un termómetro que permitirá identificar hasta dónde las divisiones generadas por el correísmo se mantendrán en los próximos años. Las nuevas autoridades serán las encargadas de generar las condiciones que le permitan al país sanar las heridas y pensar en un mejor futuro.