La extinción de dominio es “un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos”.

Es un instrumento de política criminal, aplicada correctamente, debe ser una arma poderosa contra la corrupción y el crimen organizado, cumple un papel fundamental en la desarticulación de redes delictivas y detiene los efectos que genera la circulación de recursos ilícitos en la sociedad.

Como nunca, en el Ecuador es fundamental para la lucha en contra de la corrupción la promulgación de una Ley de Extinción de Dominio que incluya un conjunto de artículos que regulen acciones tendientes a extinguir el dominio de bienes provenientes de actividades ilícitas localizadas tanto en el país, como en el extranjero.

¿Quién tiene interés en que se promulgue una ley que extinga el dominio de los bienes mal habidos por los corruptos?

Pensamos que la ciudadanía en general, pero hay que conocer que las leyes se aprueban en la Asamblea Nacional y esta, desde el año 2008, hasta la fecha, ha sido controlada por el correísmo. De acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el presidente de la Asamblea Nacional quien convoca, instala, preside, dirige, suspende y clausura las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno y del Consejo de la Administración Legislativa.

Para refrescar la memoria, los presidentes de la Asamblea Nacional, los últimos trece años, han sido: Fernando Cordero, Gabriela Rivadeneira, Elizabeth Cabezas y César Litardo. Imposible pensar que algunos de estos personajes tendrían interés en debatir y aprobar una ley que serviría para castigar judicialmente a los ladrones de los recursos públicos.

A pesar de la urgencia, no hay esperanza de que en este periodo legislativo se apruebe una ley anticorrupción. Ahora, varios legisladores y de diferentes bancadas se suman al infame grupo de corruptos. (O)