La eufemística atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital

Hace pocas horas concluyó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. La Asamblea Nacional tiene 12 días más para aprobarlo, modificarlo o negarlo.

El tratamiento de esta propuesta constituye un nuevo paso del Gobierno de Guillermo Lasso de imponer un modelo económico que favorece a las élites en detrimento de las grandes mayorías empobrecidas del país.

El proyecto de ley es la continuación de la reforma tributaria que, en mala hora, entró en vigencia. También, es el preámbulo de la reforma laboral y a la seguridad social.

Tanto es así que, por ejemplo, la propuesta elimina el aporte del 1% de los ingresos de las operadoras de telefónicas que financia el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Sobre este punto recordemos que la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal reformó, en el mismo sentido, la Ley de Telecomunicaciones.

Ahora, a nombre de la inversión y la generación de fuentes de empleo, el Gobierno de Guillermo Lasso busca poner el país en ¨venta¨. El proyecto de ley tiene tres grandes elementos: las asociaciones público-privadas; la desregularización y el descontrol del mercado valores; y, la pomposa transformación digital que no son más de seis artículos líricos en una propuesta de 282 normas.

En el editorial anterior analizamos las asociaciones público-privadas; ahora, examinamos brevemente las reformas del mercado de valores.

El proyecto de ley apunta hacia el descontrol del mercado de valores a través de la autorregulación de las bolsas de valores y las asociaciones gremiales. A la par, reconoce la existencia del mercado extrabursatil que es un mercado paralelo a las bolsas de valores, no organizado, en que las partes negocian instrumentos financieros directamente.

Consecuentemente con los interes de la banca, la propuesta elimina la prohibición que los grupos financieros y las entidades vinculadas que de manera directa o indirecta puedan ser accionistas de las bolsas de valores y formar parte de sus directorios.

En conclusión, el proyecto de ley no es otra cosa que la gestión privada de los activos estatales, los servicios públicos y los sectores estratégicos que tienen que estar enfocados a la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía; y, no es otra cosa que el descontrol del mercado bursátil y extrabursátil. Por estas razones, esta propuesta tiene que ser negada.