El veto del Presidente Lasso a la Ley Orgánica para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de violación, se recibe sin mayor sorpresa, pero con rabia e indignación.
Sin sorpresas, porque en semanas y meses anteriores todas las banderas rojas se habían levantado en Carondelet. Recordemos, por ejemplo, el discurso de la “primera dama” que en el Día de la No Violencia contra las Mujeres, donde culpó a las mismas víctimas de las agresiones que sufren, ante la mirada desesperada e impotente de una Secretaria de Derechos Humanos, también humillada con ese discurso. Más adelante, ella misma fue extraoficialmente nombrada vocera —patrona casi— del movimiento provida en Ecuador, y luego, para rematar, bombardeó redes sociales con fotos donde salía abrazada de las principales representantes del movimiento antiderechos en Ecuador. Clarísimo el mensaje.
Estos gestos, que pueden parecer aislados o irrelevantes, evidencian que al gobierno no solo no le importa asegurar los derechos de mujeres y niñas; los desprecia. Y desprecia aún más, a las defensoras y movimientos que los promueven. Esto último se puede ver, por ejemplo en la oleada de ataques digitales desde trollcenters afines al partido de gobierno en el último año, dedicados a amenazar y agredir a mujeres defensoras de derechos humanos o críticas a la gestión de Lasso. Esta red de hooligans digitales se define como un movimiento afín al presidente, quien, por su parte, ha guardado un conveniente silencio ante sus agresiones. Y si esto les parece poco para evidenciar mi punto, recordemos que apenas la semana pasada, el Gobierno recibió en el Centro de Quito a las mujeres, niñas y adultas mayores que marcharon en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, con policía montada, toletazos y gas lacrimógeno, para impedir que lleguen a Carondelet. Como si fueran criminales o delincuentes. Tan grave fue la arremetida, que la misma organización Human Rights Watch emitió ya un comunicado criticando estos excesos y exigiendo el respeto por el derecho a la protesta.
Así las cosas, queda claro que las mujeres y las defensoras, especialmente, somos el nuevo enemigo interno. Somos lo que para otro gobierno, no hace mucho, fueron, los periodistas las organizaciones de sociedad civil, los movimientos indígenas. Las mujeres y las defensoras ahora somos ese “otro” al que hay que controlar, humillar y agredir, como forma de sostenerse en el poder.
El veto se recibe además con rabia e indignación, porque deja en evidencia que el presidente Lasso instrumentalizó en campaña el discurso sobre Derechos Humanos para llegar al poder, sin ninguna intención real de asegurarlos. Quienes le dimos ese voto, preocupados de que la otra opción podría ser aún más regresiva en derechos, debemos asumir nuestro error, ciertamente, sin perder de vista que el engaño al electorado no puede ser nunca atribuible al ciudadano que vota con la esperanza de un mejor país. El engaño al electorado es responsabilidad el político que se burla de quienes le confiaron su voto, y esa traición, tarde o temprano, tendrá algún costo político.
