España está en el punto de mira de la Unión Europea. La semana anterior se cerraba con una huelga general, la octava en democracia, convocada por los dos mayores sindicatos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, recibiendo una acogida de millones de personas en las calles de 110 ciudades, sin que el gobierno de Mariano Rajoy haya cumplido los cien días de mandato. Esta semana también empezó con malas noticias para ese país, su producto interno bruto se contrajo un 0,3 por ciento durante el último trimestre del año pasado.
El número de desahucios aumentó a 170.000 entre el año 2011 y lo que va de 2012, con lo cual, según las estadísticas, cinco familias pierden sus viviendas cada día. Su tasa de desempleo, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, registró 112.269 nuevos parados en febrero, esto es, un 2,44% más con respecto al mes de enero. No obstante, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de enero, el número de desempleados en España ya ha rebasado la barrera histórica de los cinco millones, al cifrarse en 5’273.600, lo que ubica el índice de desempleo en el 23,3%.
En tanto que en la eurozona la tasa de paro subió al 10,8%, mientras que en España se incrementó en más del doble de ese porcentaje, dando como resultado que uno de cada cinco desempleados en la comunidad europea es español y un 50,5% de los jóvenes españoles menores de 25 años no consiga trabajo, convirtiéndose en el país con los peores datos del bloque comunitario, según lo informado esta semana por Eurostat.
Estos datos de desempleo son alarmantes y son fruto no solo de la crisis financiera, sino también de desajustes fiscales y desequilibrios macroeconómicos. Ante este panorama desalentador, queda claro que no se trata de limitarse a la disyuntiva de si convienen medidas de austeridad o crecimiento económico, pues ambas son necesarias. No cabe duda que el país ibérico se enfrenta al doble reto de la consolidación fiscal y las reformas laborales estructurales para conseguir impulsar el empleo y el crecimiento.
Concomitantemente, haciendo un balance de la huelga general de trabajadores, en una entrevista a la cadena de noticias Euronews, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández, dijo: “La reforma laboral planteada por Rajoy va hacia una involución de los derechos del trabajo, constituyéndose en la más lesiva de la democracia española. Pero es que, además, está realizada no para generar empleo, sino de acompañamiento a una caída de la actividad económica que va a provocar todavía más destrucción de puestos de trabajo”.
En tales circunstancias, pienso que la clase trabajadora española debe emular el ejemplo de su par de Islandia, pidiendo a su gobierno la convocatoria a un referéndum, para decidir si el pueblo paga o no las deudas de una crisis capitalista, financiera y especulativa, provocada por unas entidades privadas regidas por los principios más ortodoxos del neoliberalismo.
