Todos somos sobrevivientes del desastre que provocó la pandemia y, al parecer, no aprendimos nada. La conflictividad e irreflexión es el pan de todos los días; la avaricia y el robo para perjudicar a la gran mayoría de ciudadanos, es una constante en todos los estratos sociales. El crimen no discrimina; delincuentes de toda calaña se pueden encontrar en cualquier parte. Ya no se diferencian los arrabales y tugurios de Monte Sinaí o la Prosperina de los elegantes barrios residenciales de Samborondón o Isla Mocolí.
Ortega y Gasset, en los años 30 del siglo pasado, afirmaba: “No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, el hecho de no saber lo que nos pasa...” Una sensación de orfandad en la población que conduce a la frustración generalizada cunde en la población. La desesperanza es la tónica entre quienes están bien informados, pero también entre los que viven el día a día en las calles y plazas de nuestro país. La corrupción no para. Si bien es cierto que no puede eliminarse, la mitigación es una tarea titánica.
En esa línea, la lucha contra la corrupción, lo hemos expresado reiteradamente, no son eventos aislados, sino procesos debidamente planificados con miras a obtener resultados de corto plazo. Para ello, se ha dado un importante primer paso de coordinación institucional. Es correcto cruzar información para detectar los hilos conductores del financiamiento criminal. Hay que cortar el músculo financiero que moviliza a los grupos de delincuencia organizada.
La brecha cuyo cierre está pendiente es la administración de justicia que ha tocado fondo, tanto como la política. Ya no quedan dudas de que la política está judicializada y la justicia politizada. Se impone encontrar el remedio a un problema sistémico que, si bien es cierto, ha existido siempre, se agudizó descaradamente desde Montecristi 2008, con la Constitución preparada por los progres españoles, financiada por los bolivarianos y perpetrada en forma contumaz por el innombrable y sus seguidores.
La pelea es peleando. Lo entendió en su momento Fernando Villavicencio y sus denuncias siguen causando estragos en los mafiosos. El camino está trazado y no hay vuelta atrás. La Fiscal General Diana Salazar tiene la decisión personal y el apoyo de todo un pueblo, incluido el presidente Noboa, quien ha demostrado sagacidad política para consensuar al filo de la navaja. Pero la gobernabilidad tiene un límite y está dado por el respaldo de la gente decente que va por derecho.
Fernando Villavicencio continúa con su trabajo. Es de los muertos que nunca mueren.
