Recientemente, voceros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) han propuesto la eliminación de ese organismo. Como siempre, la discusión se circunscribe a la coyuntura. Juristas y actores políticos partidistas debaten sobre la inutilidad del CPCCS y su consecuente desaparición vía referéndum o a través de la Asamblea Nacional con dictamen de Corte Constitucional.
Llama la atención que nadie aborde la discusión en términos de: a) el modelo de democracia que queremos progresivamente construir. b) la Función de Transparencia y Control Social, que no es lo mismo que el CPCCS, organismo de la misma. De acuerdo a esos dos enfoques, queda claro que la cuestión es mucho más amplia, merece más análisis desde la perspectiva de la filosofía política, y debe involucrar a toda la sociedad, incluyendo a organizaciones sociales no corporativizadas.
A priori, los principios inherentes, que se encuentran en la Constitución de Montecristi -de la cual fui parte-, sí parecen reducidos, en el sentido de que la “quinta función” no solo debería garantizar la transparencia y el control social, sino sobre todo el poder popular o social, participativo, directo y constante.
En ese esquema, un Consejo de Participación Ciudadana es poca cosa, puesto que es necesaria una función superior que rebase lo meramente representativo y consagre el poder de la sociedad civil o ciudadano. Dirán que en una democracia de masas es difícil la cristalización de esa función de una manera no estatizada, no corporativizada y efectiva, y que esta propuesta no es pragmática, incluso es contradictoria.
Lo sé, pero el desafío ese ese: buscar la posibilidad de materializar, de una vez por todas, una democracia social participativa. Lo otro es táctica dentro de una guerra política coyuntural.
Si se elimina la Función de Transparencia y Control Social, cuyos principios constitucionales al menos enuncian el camino hacia la democracia participativa, habría un retroceso. Si ese retroceso se da, sería necesaria una nueva Constituyente, para recrear y fortalecer la participación ciudadana de una manera inmune a la cooptación pretendida por cualquier neoburguesía o neooligarquía emergente, incluyendo aquellas que germinan en el Estado-empresario y acumulan por la vía de la corrupción o tráfico de influencias.
Al final de cuentas, de lo que se trata es de desarrollar un Estado nacional, para un nuevo orden sostenible ambientalmente y basado en el principio superior de la Justicia Social. (O)
