Los diálogos que se reabrirán en La Habana este lunes, después de haber sido pospuestos “para ultimar detalles de los mecanismos” para la indispensable  participación ciudadana,  afrontarán otro escollo, el de la exclusión del modelo económico, tema esencial por el que la guerrilla habrá peleado  durante las discusiones secretas de la primera etapa, y habría tenido que desistir, a sabiendas de que lo replantearía más tarde como lo hizo en Oslo.

Si bien, pragmáticamente, es preferible dejarlo para que sea tratado una vez que, dejada la vía armada, la guerrilla pueda plantear en el Parlamento  lo que no logró por las armas. Parece que la estrategia gubernamental se acomoda a esto; su representante en Oslo sostuvo que “la terminación del conflicto armado es la antesala de la paz. Para lograrla hay que ir a fondo en la transformación de la sociedad. Estamos dispuestos a buscar mecanismos de garantía que llenen estas aspiraciones”.

Ir a fondo en la transformación de la sociedad  implica cambiar el modelo económico que es el neoliberalismo,  causante de la inequidad en un país que tiene 0,89 de índice de Gini, cercano al índice de mayor inequidad. Nada más antagónico a una paz con justicia social. Problemática que confronta no solo a la  guerrilla y al Gobierno, sino a economistas, comunicadores y ciudadanos en general.

Las opiniones van desde negar que haya que cambiar el modelo, hasta las más radicales en el extremo contrario.  Hay economistas, como Guillermo Perry, que niegan cómodamente que el modelo sea neoliberal, para oponerse a su modificación: “El modelo económico aplicado en Colombia desde 1991 no es ni puede ser neoliberal. La Constitución de 1991 no lo permite. El Estado Social de Derecho, en cuyo centro está la protección de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, es incompatible con el modelo”.

El comunicador Daniel Samper arguye con razón que “la política económica es decididamente neoliberal, como lo han sido las de todos los gobiernos desde la ‘apertura’ de César Gaviria en los años noventa: una política que ha convertido a Colombia -detrás del desventurado Haití- en el país más inequitativo del continente.”

Será como para alquilar balcón en el Parlamento, para seguir los debates, si es que  se llegan a dar,  y ver si triunfa la propuesta de un sistema económico  alternativo solidario.

Post scriptum: ¿Por qué tanta “discreción” del presidente Santos para aceptar al ELN que, comprometido con la solución política, anuncia que ya tiene conformada su delegación para un eventual diálogo exploratorio de paz con
el Gobierno?