Una de las preguntas de la próxima consulta popular invita a mirar hacia uno de los grandes males de nuestros días: la corrupción en el accionar político. A los ecuatorianos se nos consultará si estamos de acuerdo que se sancione a los condenados por corrupción con su “inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes”.
Frente a esta consulta vale también preguntarnos: ¿Podemos instaurar la honestidad, luego de febrero 2018, cuando vemos a tanto deshonesto salirse con la suya, enriqueciéndose de la noche a la mañana, desde algún cargo público que ostenta u ostentó, así como si nada pasara?
Gozo de un gran amigo que por sus años y con sus canas a cuestas ha sido partícipe del escrutinio moral de muchos gobernantes locales y nacionales, funcionarios de toda índole, desde los días del retorno a la democracia en los 70, hasta los actuales tiempos. Mi amigo ha venido observando acuciosamente a quienes llegaban a las alcaldías, prefecturas y ministerios; a tantos y tantos que, para facilitar trabajo a su memoria, aprendió a identificarlos sobre la base de una sola característica: por cómo terminaban al final de sus períodos en la función pública. Me dice él, que antes, pocos, muy pocos funcionarios habían salido o terminado tan ricos como en el presente. Apreciación con la que seguro muchos concordamos.
Ante ello, siempre concluimos que poco valdría responder afirmativamente a la primera pregunta de la consulta a venir, si no se efectúa una auditoría minuciosa de los bienes de los exfuncionarios, familiares y cercanos del pasado gobierno nacional y de todos los gobiernos seccionales del último y reciente período y no se lleva a la cárcel a tantos que entraron empujando el único carro que tenían y terminaron siendo los nuevos ricos de su cantón, provincia o el país. El mal ejemplo, que han dejado muchos, pesará más que la respuesta que demos en febrero, si al final de cuentas los corruptos quedan tan campantes, gozando de lo mal habido. (O)
