Los recursos que se generan por los impuestos deben usarse con la racionalidad que demanda la inversión en las necesidades de los pueblos. Las reformas a la ley de régimen tributario establecen que las recaudaciones del IVA se quedarán en los organismos recaudadores a través del sistema de devolución.
Esto es indudablemente un avance en los procesos de descentralización y desconcentración administrativa y proveerá de recursos a las exhaustas arcas de los gobiernos locales, llámense éstos, municipios y prefecturas, así como también las universidades, lo que seguramente redundará en beneficio a las poblaciones en las que se realizarán más obras en áreas prioritarias.
Si bien nos alegramos y alentamos la resolución tomada por la Asamblea Nacional, debe hacerse consciencia de que esos recursos que se inyectarán a las economías de los gobiernos locales y de las universidades, deben invertirse con un manejo correcto y escrupuloso, con los controles que garanticen que ni un solo centavo se distraiga de los fines para los cuales fueron destinados.
La buena administración de los impuestos generados por el IVA es un imperativo, para lo cual deben garantizarse los estudios, la preparación, dejar de lado la improvisación y el clientelismo para atender las reales necesidades, que en el caso de los municipios generalmente están vinculadas con la provisión del agua potable, la construcción y extensión de las redes de alcantarillado, la disposición de las aguas residuales así como de la basura, que se va transformando en uno de los graves problemas de las ciudades, así como también los equipamientos urbanos, la atención del tránsito, entre otras funciones, muchas de ellas delegadas por el poder central.
Los gobiernos provinciales tienen entre sus competencias las de fomentar el aparato productivo, lo que es de una importancia capital en un país en el que la generación de empleo se ha deteriorado, así como la calidad de vida de las personas.
Las universidades, sobre todo las públicas, tienen una enorme presión por la ampliación de cupos, por la provisión de laboratorios, por el pago de los salarios de los docentes, los programas de vinculación con la comunidad, así como la nivelación de alumnos y el seguimiento a los egresados y graduados.
La noticia es buena, lo importante es que la inversión y el uso de los recursos que reciban tanto autoridades locales como las universidades no caiga en saco roto, peor aún en las garras de la corrupción.
