En clases de derecho nos enseñan a estudiar a profundidad el concepto de derecho, justicia, normas, historia, filosofía, nos llenan la cabeza de letras, sus principios e inicios es algo apasionante, uno sale de clases con la necesidad de leer un poco más, conocer un poco más, la ansiedad de comenzar a escribir, ejercer, es única, inmejorable, hasta que te estrellas con una triste realidad. El sucio y desgatado papel requerido por las funciones del Estado.
Es que sí, el viaje del papel que se imprime y se firma recorre un camino largo y lento, se vuelve pesado, pesa casi una tonelada cuando entra a una institución del sector justicia. Que lo revise el uno, para que lo certifique el otro, para que lo estampe aquel y para que por fin regrese, después de su letargo y digan “le falta el nombre del Gerente, no ve que cambió ayer”.
La pandemia, por su lado, nos ha traído cosas malas, obviamente, pero este evento de salud también nos ha puesto de frente problemas y soluciones que jamás pudieron llegar a estar en la cabeza de los procesos si esto no sucedía. El teletrabajo, la telemedicina, reuniones virtuales, la firma electrónica, las audiencias telemáticas, son solo una pequeña muestra que el mundo tuvo que apegarse a la tecnología para resolver este impacto.
Si, enfrentémoslo y abracemos esto, estamos en la era digital y no podemos seguir dependiendo de los modos del siglo pasado, más aún cuando la justicia en Latinoamérica es sinónimo de desgaste en todo sentido.
En el mundo la tendencia ya salió a flote hace algunos años, la tecnología aplicada a la solución del derecho se llama LegalTech y este es un concepto que las instituciones de justicia en Ecuador aún siguen renuentes a apreciar y aplicar.
El derecho, para mí, son formulas perfectas, la Ley de por sí es un algoritmo que tiene sus variantes en los cambios normativos y la misma jurisprudencia, las reglas de interpretación son exactas, el procesalismo solo se descubre como data pura en la cual se designa un camino para llegar a algo de la forma en la que la legislación lo designa. Por ejemplo, un contrato regulado son datos de una fórmula, veamos un ejemplo que me invento: compraventa de bien inmueble es A (comprador) + B (vendedor) + C (precio) + D (forma de pago) + F (la cosa que se vende) + G (escritura pública) + H (Inscripción en el Registro de la Propiedad) = compraventa de bien inmueble.
Obviamente es un ejemplo somero, existen en cada uno de los componentes las variables como edad, tipo de persona (natural o jurídica), etc. Pero todo esto es programable, es calculable si tomamos a la amplitud de la información de la legislación y sus componentes como cambio de paradigma, el cambio que la sociedad de la información requiere, las leyes, reglamentos y todos los actos como fórmulas de programación.
Si aplicamos esto como una forma nueva y centralizamos la información, la data, y proponemos los algoritmos correctos, estaremos frente a la transformación necesaria de la justicia y el derecho, teniendo así un derecho rápido, exacto y, sobre todo, eficiente. Esto es necesario.
Conversaba con algunos colegas de Europa sobre esto, quienes maravillados me contaban las experiencias de la aplicación de la tecnología al sector público y, también, se horrorizaban y hasta reían cuando les decía que los juzgados en Ecuador están pidiendo al abogado litigante reconozca firma y rúbrica de su firma electrónica. Historia verdadera.
Pero mis queridos lectores, ustedes se preguntarán ¿Qué pasará con tanto trabajo que se verá afectado por esto? Es simple amigos, debemos comenzar primero por modernizar los pensum de las universidades y entrenar a los funcionarios públicos del sector justicia, transformándolos ya no es un Secretario de Juzgado que certifica con un sello viejo un acto o hecho procesal, estas personas deberán ser los nuevos programadores jurídicos, los que vayan transformando con sus años de experiencia su conocimiento en programas para la base de datos que entregue de manera eficiente, la información a los actores de los procesos de manera eficaz. Es momento de evolucionar.
En conclusión, sueño con un mundo jurídico donde las viejas prácticas y tramites jurídicos como la notarización de documentos, certificación de papeles, solicitudes de información y otros se reflejen en aplicaciones lo suficientemente amigables para el acceso abierto a todos los ciudadanos, que los procesos judiciales no se entrampen en que un funcionario tiene que certificar lo evidente.
En general, el cambio es enorme, el reto inicial es el acceso a la tecnología a todos en cualquier rincón del país, repensar el pensum de las universidades y creación de nuevas carreras que se acoplen a lo inevitable, hablar, pensar y re pensar. Es momento de evolucionar.
