En estos tiempos de cambio luce viable lo que hace 7 años parecía imposible de pensar siquiera, como aquello de exigir responsabilidad social a los agentes económicos de la economía privada, cuyos intereses fueron privilegiados por los gobiernos de sus prohijados y testaferros. Nos referimos a la expedición del Reglamento de Etiquetado de Alimentos Procesados para Consumo Humano, en virtud del cual los productores e importadores de comestibles tienen que cumplir con la política de salud pública que persigue la protección de la población ante una oferta alegre de productos con alto contenido de azúcar, grasas y sodio en el orden del 82%, poniendo en peligro la salud y la vida de los consumidores.
La etiqueta que entrará en vigencia en seis meses contendrá señales de peligro y prevención identificados con los colores rojo y amarillo, tal como los semáforos instalados precisamente para salvar vidas. Lo ideal es el color verde, sinónimo del equilibrio proteínico y alimenticio para un consumo saludable y provechoso. Es la regla de oro de un gobierno de profundas transformaciones que goza de la credibilidad de la ciudadanía que, por su parte, se siente protegida por una revolucionaria política protectora de la salud pública.
Es una medida preventiva para combatir graves pandemias sociales, como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión. La absurda oposición a esta decisión gubernamental, inspirada en su responsabilidad de salvaguardar el capital humano de nuestra sociedad, se parece a los risibles argumentos de los productores de cigarrillos que alegaban que el tabaco era bueno para la salud; hasta que les cayeron miles de demandas judiciales de las víctimas del tabaquismo que culminaron en sentencias que mandaron a pagar multimillonarias indemnizaciones como reparación al daño irreversible de aquel hábito mortal. Los oferentes de la llamada ‘comida chatarra’ no quieren gastar en la nueva etiqueta aduciendo que ello encarecería su producción, además de que los signos preventivos de consumo bajarían las ventas, afectando el único órgano sensible de su cuerpo: el bolsillo.
Salados, tendrán que obedecer el nuevo marco reglamentario si quieren seguir vendiendo productos grasientos, salados o almibarados. Si pese a ello se arriesga el consumidor, sería bajo su responsabilidad. Además, el Gobierno habrá cumplido con su obligación de prevenir a una población bien informada.
