A principios de junio, el político local Walter Lübcke, de Kassel, fue asesinado por un extremista neonazi. Una vez más, Alemania comenzó a debatir sobre la interrelación entre el odio de derecha radical y la violencia.

Legisladores de todos los niveles han recibido amenazas y no es raro que alcaldes de municipios pequeños se encuentren entre ellos. Entonces, cuando los individuos o una minoría vocal crean un clima de miedo, cada vez menos personas están dispuestas a asumir esos roles y servir a sus comunidades.

Esto puede tener consecuencias fatales para nuestra cultura democrática. ¿Quién, aparte de aquellos que son profundamente ideológicos, se ofrecerán como voluntarios para asumir un mandato político si el precio es vivir con miedo o cosechar desprecio? El Estado debe trabajar mejor en proteger a todos aquellos que están amenazados y son sujeto de la violencia. Y la sociedad, independientemente de las afiliaciones partidistas, debe apoyar abiertamente a las personas que se ofrecen como voluntarios a servir a sus comunidades.

Pero este odio no salió de la nada. Durante años, los legisladores alemanes han ignorado esta vil corriente subyacente y la han dejado enconarse. El Estado no hizo nada cuando neonazis alemanes mataron a tiros a inmigrantes, personas sin hogar y simpatizantes de izquierda. Pocos, si acaso alguno, condenaron el asesinato de punks, extranjeros y homosexuales en manos de la extrema derecha, muy probablemente porque no sentían conexión con ellos. Desde 1990, 198 personas fueron asesinadas por extremistas de derecha en Alemania, según la Fundación Amadeu Antonio. ¿Cuántos políticos en funciones? Uno.

Parece que solo ahora, después de la muerte de Lübcke, el Gobierno y la policía de Alemania han despertado ante el peligro letal que representan los neonazis alemanes. Los estados federales del país deben fortalecer a la policía y el poder judicial para este fin, para que así puedan enjuiciar más eficazmente a los radicales y proteger a aquellos que son objeto de odio y violencia. (O)