Hace pocas horas, el Alcalde Mayor de Bogotá retornó al cargo que le dio el pueblo. Colombianas y colombianos residentes en el Distrito Capital, el 30 de octubre de 2011, concurrieron a las urnas para elegir al Alcalde Mayor, a los 45 miembros del Consejo Distrital y a los miembros de las 20 juntas administradoras locales.
Gustavo Petro Urrego, del movimiento Progresistas, derrotó a Enrique Peñalosa, quien representó a los partidos Verde y de la U; también recibió apoyo de Álvaro Uribe.
Cuando Uribe Vélez fue alcalde de Medellín (1982-1983) entregó el manejo de recolección de basura al sector privado. No terminó su período porque fue acusado por la justicia colombiana de tener vínculos con narcotraficantes.
Lo que disgustó mucho a las élites fue que el alcalde Petro creó una empresa municipal pública, para el manejo de los desechos de la capital. También les disgustaba -ironías de la vida- su buena administración en otros frentes.
En la época universitaria, en su natal Bucaramanga, Alejandro Ordóñez fue elegido como presidente de las Juventudes del Partido Conservador. Años más tarde fue nombrado Procurador General de la Nación con la ayuda de Uribe Vélez.
Mediante acto administrativo, Ordóñez destituyó al Alcalde de Bogotá acusándolo de mal manejo de la basura durante tres días en la capital. Probablemente, tampoco debe ser del agrado del Procurador conservador el hecho de que Petro haya sido militante del M-19.
Más allá de las maniobras legales, a través de sus fieles servidores, a la derecha le preocupa -y disgusta- la aceptación nacional que hoy tiene Petro, gracias a su buena gestión en la Alcaldía. Ellos saben que podrían tener al frente un presidenciable ‘no deseado’. Por ello, Ordóñez tomó la ‘precaución’ de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos, incluidos los de elección popular, durante 15 años.
La resolución del Tribunal Superior de Bogotá puso las cosas en su sitio. Al presidente Santos no le quedó más remedio que firmar el decreto correspondiente para restituirlo en el cargo.
¿Tiene alguna lógica que un funcionario público tenga la facultad de destituir a quien fue electo por el pueblo?
No cabe duda de que son ‘recursos’ que aún conserva la derecha para quitar del camino a sus contradictores ideológicos. Son acciones que utilizan los neoliberales colombianos para retirar del escenario a quienes consideran ‘peligrosos’ actores políticos, que pondrían en riesgo sus privilegios.
El Procurador General de la Nación ya anunció que apelará esta decisión, por lo que el caso pasará a ser conocido por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, Gustavo Petro Urrego ha retornado al Palacio Liévano para continuar en sus funciones.
La salida democrática a las maniobras políticas y jurídicas de los neoliberales debería ser que bogotanas y bogotanos acudan a las urnas para decidir si Petro continúa o no en el cargo. Es el procedimiento correcto, porque la decisión vuelve a manos del soberano.
En este escenario, corresponde a la Registraduría Nacional fijar la fecha del proceso de revocatoria del
mandato.
