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El Telégrafo
Leonardo Vicuña Izquierdo

El atraco más grande de la historia

22 de junio de 2016 - 00:00

El atraco de los dineros públicos más grande de la historia del país fue, sin dudas, el atraco bancario (1999), con el que se robaron buena parte del ahorro nacional. Se enmarcó en las políticas económicas especulativas del FMI y las mafias financieras, fue claramente diseñado por los banqueros corruptos, en el gobierno de Jamil Mahuad, que alcanzó el poder, apoyado por el PSC, que no presentó candidato, con escandaloso fraude electoral, consumado en el centro de cómputo Filanbanco.

Mahuad, exministro de Osvaldo Hurtado, entregó a diestra y siniestra, utilizando los ‘fonditos’ del BCE, ‘créditos’ a los banqueros, buena parte de los recursos los orientaron hacia sus socios, amigos y sus negocios, fueron los créditos ‘vinculados’, con lo que condujeron a la ‘quiebra’ a sus bancos, en perjuicio de centenares de miles de ecuatorianos, que tenían sus cuentas corrientes y de ahorros.

Previamente, declaró el ‘feriado’ bancario (marzo 1999) y congeló (confiscó) ilegalmente los depósitos. Más adelante (feb. 2000) impuso ilegalmente el dólar como moneda nacional (dolarización); paralelamente, devaluó el sucre por última vez a  25.000 sucres por dólar, para extender el atraco, licuando los ahorros en los bancos (robaron el 80% del valor real), sueldos y salarios, aportes, fondos de reserva, pensiones jubilares, afectando a millones de pequeños ahorristas y trabajadores. Todo lo dividieron para 25.000 y entregaron centavos.

Los banqueros corruptos recibieron unos $ 5.000 millones del BCE. Allí está Filanbanco ($ 844 millones) Progreso, Previsora, Pacífico, que ‘quebrados’ fueron estatizados. El atraco bancario alcanzó unos $ 8.000 millones, fue paralelo a la eliminación del Impuesto a la Renta para favorecer a los millonarios y la creación del impuesto del 1% a las transacciones bancarias, impulsado por Jaime Nebot.

Los banqueros, que habían aportado a la campaña de Mahuad, uno de cuyos ministros fue Guillermo Lasso, se hicieron más ricos, fugaron, reclamaron ‘el vuelto’, continuaron con sus fechorías con la AGD que se había creado para beneficio de los grandes depositantes vinculados, y para recibir de ellos como ‘dación’ de pagos, activos sobrevalorados y luego rifarlos a precios irrisorios.

A lo largo de 8 años, nada importante hizo el Estado para recuperar los valores del atraco, menos para ajusticiarlos. A algunos se los ‘sentenció’ cuando habían fugado al igual que Mahuad, que años después, desde EE.UU., bien protegido, con cualquier argumento, pidió ‘perdón’ al pueblo ecuatoriano; no obstante, los jueces Lucio Abarca Galeas, Luis Cañar Lojano y Oswaldo Castro Muñoz, de la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ, lo perdonaron porque, según ellos, con las medidas ‘no se había afectado a nadie’ ni ‘nadie se benefició’. ¡Qué jueces!
Fue en el gobierno de Rafael Correa; en julio de 2008, muchos años después, cuando se comienza a hacer justicia y con la misma AGD, reencauzada, se incautan 197 empresas de los Isaías, accionistas de Filanbanco.

Ahora, con motivo de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, interpretándolo a su antojo, el abogado de ellos, muy suelto de huesos, pide al Estado devuelva los bienes incautados, los indemnice y se les ofrezca disculpas; como inocentes angelitos y puros, como la mejor de las vírgenes.

Por ello, cabe recordar lo que significó para el país el monto entregado por el Estado en el atraco bancario: fue un 150% superior al presupuesto general del Estado; más del 40% del valor del PIB; mayor al valor de las exportaciones de un año de petróleo, banano, camarones y todos los demás productos. Fue una suma equivalente a 250 millones de barriles de petróleo o los ingresos petroleros de más de 3 años; 8 años de recaudaciones del impuesto IVA, unas 50 veces más de la cifra que se entregó a 1’300.000 ecuatorianos por el llamado ‘bono de la pobreza’ de entonces; al ingreso anual de unos cinco millones de trabajadores que ganaban el salario mínimo vital, con las remuneraciones complementarias y beneficios sociales, esto es, unos $ 1.000 anuales.

Ceder un milímetro sería renunciar a la dignidad nacional, en buena medida recuperada. (O)

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