Como parte de una gran reforma institucional, el 10 de mayo entró en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria (EPS) con lo cual se reconoce a este sector de la economía siendo sus actores los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y las unidades económicas populares (UEP). En los tres primeros prima la lógica de la solidaridad y la cooperación, y en las UEP la acumulación limitada.
La ley divide a la EPS en dos: uno, el sector real, el que produce bienes y servicios; dos, al sector financiero, que se encarga de la intermediación financiera dentro de la EPS. En el primero se ubica al sector informal urbano (SIU), en el que se incluyen, además de las microempresas, a las domésticas y artesanos.
La ley establece medidas de fomento: como prioridad en compras públicas, acceso al crédito; seguridad social, etc.; de promoción: en innovación tecnológica, comercio e intercambio justo, asesoría y asistencia técnica para exportación, etc., e incentivos económicos, tributarios y ambientales.
Para dar un trato diferenciado a la EPS se crea una institucionalidad que, para su sector real, estará integrada por el Comité Interinstitucional de la EPS, que se encargará de dictar y coordinar el apoyo; el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que aplicará medidas del fomento y promoción; y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que será encargada del crédito.
Sin duda, esta ley representa un gran avance para la EPS que, desde muchos años atrás, había sido desapercibida, olvidada e invisibilizada, sobre todo para el sector informal urbano, que tiene problemas de acceso al crédito, tecnología, capacitación y asistencia técnica. El SIU hace un gran aporte en la generación de empleo como lo muestran los datos del INEC.
El SIU está integrado por microempresas (UEP) de producción, de servicio, comerciantes minoristas, artesanos y domésticas que, según el INEC, representaba en 2009 más de DOS MILLONES de personas, o sea el 46% de la PEA, que generan autoempleo y empleo informal para mano de obra no calificada y calificada.
La ley y la institucionalidad creada posibilita el apoyo al SIU y hace factible que a través de los nuevos organismos creados todos los estamentos de la economía popular y solidaria reciban la atención y cooperación que merecen, pero no como un mero asistencialismo, clientelismo o dádiva, sino como un servicio en reconocimiento al aporte que realizan a la economía del país y, fundamentalmente, por su contribución a resolver el problema del subempleo, el más crítico del país en el mercado de trabajo, que está relacionado con la delincuencia.
