La Asamblea Nacional debate el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, cuya propuesta reforma también el statu quo de la vigente legislación antidrogas creada en 1990. Mientras el debate legislativo y mediático ha proferido diversos puntos de vista sobre la base de particulares creencias, la reforma sobre drogas se atiza sobre tres ejes fundamentales, como son: la proporcionalidad de las penas, la identificación de roles en la cadena del narcotráfico y el establecimiento de dosis para su uso personal. Comencemos por el último.
Se ha dicho que la creación de una tabla de dosis personal estimula su uso o consumo. Debo reconocer que no existe un estándar internacional que determine cuál es la cantidad en gramos o miligramos que una persona puede portar; sin embargo, a partir de su establecimiento se logró, por una parte, impedir que los consumidores vayan a parar a las cárceles al ser confundidos por traficantes; y, por otra, bajar los índices de su consumo. Esto ha sucedido al menos en países como Portugal, Holanda, Paraguay, México e incluso Estados Unidos, cuya dosis permitida en algunos de sus Estados para el uso de marihuana es de 28,45 g, al cabo que en el Ecuador se propone 10.
Se desconoce que droga es cualquier sustancia o preparado cuyos efectos pueden ser estimulantes, alucinógenos o deprimentes, sin negar que pueda producir daños a la salud, pues es la frecuencia, aptitud orgánica e incluso procedencia socioeconómica lo que determina cierto nivel de adicción. Lo que imaginamos como drogas (ilegales), no obstante, no es “un serio problema”.
Según el Consep (2009), cerca del 80% de estudiantes del país ha admitido consumir alcohol y un 46% tabaco, frente al uso de un 1% de pasta base de cocaína. A ello se suma que entre las principales causas de mortalidad no se reporta la sobredosis por drogas, sino la diabetes, enfermedades cerebrovasculares y accidentes de tránsito. Tal vez en el consumo de alcohol, tabaco, carbohidratos y grasas saturadas se hallan los principales problemas de salud pública de los ecuatorianos.
Se ha dicho que diferenciar al micro con el gran tráfico nos convertiría en paraíso del narcotráfico. Nada más complejo es enfrentar un fenómeno cuya palabra es polisémica, pues por “droga” (marihuana, opio, éxtasis, heroína, amapola o coca) se entendería, además de una sustancia, la corrupción, lavado de activos, violencia, submarinos, carteles e incluso el terrorismo. Lo cierto es que cerca del 40% de las personas que llenan nuestras cárceles no tiene nada que ver con ninguna de las palabras mencionadas, la mayoría es de traficantes menores que ingresaron al sistema penal por torpes y no por poderosos.
Llama la atención la gran cantidad de mujeres “mulas”, que no son nada más que instrumentos de una cadena organizada cuyo líder o jefe, seguramente, jamás conocieron. Para estas personas, que tienen que ver muchas de ellas a sus hijos “crecer” encerrados, no hay ningún paraíso, sino un verdadero infierno.
Finalmente, también se ha dicho que no hay que revisar las penas en los delitos de drogas. Hay que recalcar que el Ecuador es el segundo país en América Latina –después de Bolivia– que tiene las penas más desproporcionadas en el tráfico y producción de drogas (ilegales). Basta comparar que el homicidio tiene una pena de 8 a 12 años, mientras que la tenencia y posesión ilícita de drogas tienen una pena de 12 a 16 con acumulación a 25 años de reclusión mayor especial. No se trata de hacer ninguna apología, pero es groseramente visible la diferencia entre uno y otro delito.
La Asamblea tiene una urgente función civilizatoria. En nombre de la guerra contra las drogas se ha empujado no solo a la pérdida de nuestra soberanía, sino también al fomento de un poder punitivo que embodega a miles de personas. Es hora de confrontar un debate lleno de mitos ante una realidad que, evidentemente, ha puesto en cuestión el (des)control de la lucha antidrogas.
