La corrupción ha sido una constante en todo gobierno. Los intereses solapados, los acuerdos de poder y las redes que este sostiene, son el lado más oscuro de la política.
De esos pactos se derivan, el financiamiento ilegal de campañas, direccionamiento de contratos públicos y reparto de dependencias.
En el Ecuador la corrupción tomó cuerpo con el manejo discrecional de las finanzas públicas, la defensa a ultranza de autonomías financieras institucionales y la inercia de Contraloría.
Esto obedece a una visión política en donde una sola fuerza se apodera de las instituciones, la legislatura y la justicia, para gobernar sin oposición, con impunidad y sin control sobre el gasto público.
Por esta razón, la independencia de funciones es vital en toda democracia; esos pesos y contrapesos regulan de alguna forma los excesos del poder.
Con la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 2008, el Estado ecuatoriano cambió su forma de comprar, se eliminaron los informes previos y en su lugar cada entidad ejecuta su presupuesto. Lo que otorga poder a máximas autoridades y funcionarios que manejan a su antojo las adquisiciones sin control alguno.
Acabar con la corrupción no es sencillo, requiere de gente honesta, con conocimiento y la decisión de desarticular mafias enquistadas.
No obstante, también como ciudadanos exigimos frenar el despilfarro eliminando la discrecionalidad del gasto, poniendo límites a las autoridades institucionales. Para esto se debe reformar la ley de contratación pública, cambiar el ineficiente modelo de gestión del Sercop; reformar la Ley Orgánica de la Contraloría para un control preventivo; regular las autonomías financieras que gastan sin restricciones; y, sobre todo aprobar una “ley de extinción de dominio” para debilitar el poder de las fortunas mal habidas.
Si los legisladores no lo hacen, los ciudadanos tenemos una vía: la iniciativa popular normativa. (O)
