Nos permitimos recordar a nuestros amables lectores la pregunta número 9 de la consulta popular, realizada el 7 de mayo de 2011.

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

Según datos oficiales del CNE, a esta pregunta respondieron “Sí” 3’882.379  votantes  que  representan el  44,964%. “No” dijeron 3’630.263 votantes que representan el 42,044%.

Los votos blancos fueron 667.397 equivalentes al 7,73%. Los votos nulos fueron 454.337 equivalentes al 5,262%. Con este resultado, el pueblo ordenó que se incorpore el texto de la pregunta a la normativa jurídica del Ecuador.

Sin embargo, persisten voces -desafinadas por cierto- que seguirán sosteniendo que “está en peligro la libertad de expresión”. “La mejor ley es la que no existe”. “Votaremos en contra”. Y un largo etcétera.

Esta postura evidencia el mal disimulado concubinato que existe entre unos cuantos desafinados coristas y las élites que todavía conservan la batuta.

En el Ecuador, varios medios de comunicación privados -cuyos dueños pertenecen a las élites- crean una realidad virtual que no corresponde al mundo en que vivimos, sino al que ese sector construye de acuerdo a sus intereses.

Estos medios reproducen las normas y valores que rigen en el sistema capitalista, bajo los cuales muchas personas se han desarrollado emocional y mentalmente, anulando en gran medida la posibilidad de cambio. Desde esta perspectiva, puede comprenderse el porqué resulta tan difícil que estas personas modifiquen sus formas de percibir la realidad, cuando desde la primera infancia han sido sometidas a una ideología dominante.

A través de sus obedientes servidores, las élites seguirán cuestionando a la Ley de Comunicación porque, entre otras cosas, se trata de establecer la responsabilidad ulterior. Tampoco les agrada el Consejo de Regulación. No están de acuerdo con que se haga una fiscalización de las frecuencias entregadas a dedo y se efectúe la reversión al Estado.

Les disgusta que existan medios públicos y comunitarios.   
A estas minorías, el pueblo les dará una reprimenda en febrero de 2013. Por retobadas, mentirosas y desobedientes.