El sistema institucional ecuatoriano consagra el principio de la desigualdad ante la ley. Este principio establece que no todas las personas tienen el mismo valor intrínseco, ni merecen el mismo respeto ni gozan de la misma dignidad.
Las características y rasgos que permitían clasificar a las personas en una jerarquía de mérito o valor estaban bastante más claras en el período absolutista de nuestra historia; pero aún hoy puede determinarse con cierta certeza cómo debe clasificarse a las personas según su “calidad”.
Estos rasgos son un paquete de particularidades que incluye cuna, raza, status social, fortuna, familia y “méritos” adscritos (los diplomas, por ejemplo, operan no como certificados de competencias presuntas, sino como “títulos” solapadamente nobiliarios).
La “calidad” así determinada otorga al titular cierto grado de derecho a estar exento de las obligaciones que la ley formal establece. Uno de los beneficios que ha tenido -desde el inicio de nuestra existencia como sociedad- el tener mayor categoría o dignidad es la dispensa del peso de la ley.
Tradicionalmente hay una relación inversa entre la calidad personal y la obligación de acatar la norma. Una de las recompensas del ascenso social, es ese, precisamente: irse progresivamente eximiendo del deber jurídico.
Es por ello, que, en nuestra cotidianeidad, exigirle a alguien sometimiento al derecho escrito es someterlo a una insultante humillación. La persona que cumple con las normas, da prueba de no ser persona de calidad.
En los sistemas republicanos la valía personal se mide por el grado en que la persona se comporta conforme a derecho. Por el contrario, entre nosotros es al revés: poder violar libremente el orden jurídico es una marca de “distinción” y de respetabilidad que consagra el estatus del sujeto ante los ojos de la comunidad.
Tal vez por ello tiene pleno sentido el aforismo vernáculo que sostiene que “la ley es para los de poncho”. Esta máxima es también ley vigente. (O)
