Decididamente, existen momentos históricos de veracidad y consistencias y otros de dudas ciertas y falacias. Octavio Paz, hablaba de “un tiempo nublado”. El presente siglo, todavía en pleno despertar de su trauma neonatal y de su concurrencia virtual a la finalización del segundo milenio, tiene una senda futura, preñada de dolores y tribulaciones, y quizá un transcurrir oscuro que puede llevar a la humanidad a su propia destrucción y desaparición como especie.
Las corrientes de pensamiento de la civilización judeo-cristiana, con la herencia decimonónica del racionalismo y la pragmática interacción del siglo veinte, buscaron estatuir los principios de los “derechos humanos”, bajo la égida de las libertades y las exigencias civiles y políticas, frente a sociedades creadas en la intemperancia de las coexistencias humanas.
Los resultados de tales prácticas son evidentemente las estructuras constitucionales existentes en la mayoría de los países y cuyas implementaciones, muchas veces, se encasillan en los cepos del manual con catarsis librescas de encrucijadas y alternativas y cuya exigibilidad y observancia pueden perderse en la discontinuidad histórica o en el inmovilismo político, aunque se los ponga como ejemplo de cumplimiento de las garantías democráticas en las naciones desarrolladas del Occidente, y de esta manera ocultar o disfrazar la miseria, el atraso la indefensión y la muerte de los pueblos pobres explotados y subdesarrollados de la Tierra.
Sin embargo, existen otros derechos y garantías: los económicos, sociales y culturales, aquellos que subyacen en un ejercicio difuso de sus principios y que son tan importantes y fundamentales para la vida de todos los seres humanos porque garantizan las expectativas de una vida plena, con acceso a la educación, la salud, la vivienda y el bienestar y seguridad de toda la ciudadanía, pero que, empero, tienen magnitudes gigantescas de incumplimiento y un déficit monumental de ejecución en todos rincones del mundo y que, por su naturaleza sustancial, debe ser la preocupación de todas las repúblicas de América Latina.
El desarrollo constitucional, logrado en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, estuvo referido a la incorporación de los DESC y también de los derechos colectivos y los de la naturaleza y a los ya tradicionalmente reconocidos civiles y políticos a la estructura de la última Carta Magna y al marco legal ecuatoriano, en forma solemne y obligatoria.
El gobierno del presidente Correa ha generado acertadas políticas conducentes a reducir la brecha de inequidades sociales y económicas del conglomerado nacional, que fue la herencia atroz de los ominosos gobiernos de la partidocracia y de los poderes facticos.
Los cambios estructurales de nuestra patria, indiscutibles desde cualquier visión o punto de vista y de quien sea, permiten la justiciabilidad de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, a partir de que la “intocabilidad de un derecho está dado por su positivización e incorporación a un sistema de normas”.
