Aquellos que gozan a plenitud de sus derechos, deben saber que la libertad trae consigo responsabilidad; el Estado, como ente regulador de toda sociedad libre y democrática debe asumir su rol.
A partir de la mayoría de edad y por una sola vez, la persona, por autodeterminación, podrá sustituir en su documento de identidad el campo “sexo” por el de “género” que puede ser: masculino o femenino, o a su vez pedir el cambio de su nombres a causa de esa sustitución, esto señala la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles vigente en Ecuador.
Que nadie se sorprenda cuando un buen día “él”, que ahora con todo derecho a su libertad de autodeterminación es “ella”, se presente ante el Estado para ejercer los derechos establecidos exclusivamente para las mujeres.
Así lo hizo Sergio Lazarovich, con 59 años, quien cambió su género e identidad, ahora como Sergia, para poder jubilarse como mujer a los 60 años, ya que en Argentina este beneficio se alcanza como varón a los 65 años; la Administración Nacional de Seguridad Social de ese país le otorgó el beneficio en julio de 2018, sin que esa institución le hiciera pregunta alguna o le solicitara a tal efecto prueba al respecto.
En otro ámbito, los operadores de justicia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, incluyendo a los agentes de la Policía Nacional, deben prestar atención cuando se ordene la privación de la libertad de una persona autodeterminada con un género opuesto a su sexo.
¿Cuántos centros de privación de libertad han implementado áreas para dar un tratamiento segmentado a estas personas, sin que ello represente segregación o discriminación? Y a los efectos de garantizarles su integridad.
Cómo proceder cuando “él” que ahora es “ella” exija ser ubicada en una cárcel de mujeres en dónde estas últimas también reclamen sus derechos a no estar junto a personas humanas de sexo masculino; y así viceversa.
La respuesta y la aplicación a este nuevo paradigma de género no son tan fáciles. Pero son interrogantes que deberán ser resueltas por los organismos del Estado. (O)
