Algunos estudios de ciencia política reconocen el descalabro de la democracia representativa; es decir, aquella que ejerce el poder a través de autoridades electas por el voto popular. Si bien hay excepciones, el modelo clásico de la representatividad está en detrimento o en tela de duda, por las graves falencias, no del sistema, sino de la aplicación de la representación y el verdadero control social.

Un modelo novedoso fue el de la democracia participativa -mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social- que, en el caso del Ecuador, fracasó. La idea fue interesante, pero, en la práctica, devino en la cooptación del poder central y los ciudadanos quedaron en el limbo.

La democracia deliberativa se conoce como el modelo normativo que intenta completar, a través de procedimientos colectivos, la toma de decisiones políticas, económicas y sociales, sobre la base de la discusión pública de propuestas o reformas que afectan a toda la sociedad.

Este modelo surgió hacia fines de 1980, y se nutrió de las teorizaciones de John Rawls, Jürgen Habermas, Jon Elster y Joshua Cohen. Según este paradigma, las políticas democráticas son legítimas solamente si resultan de un proceso previo, reflexivo y abierto entre los ciudadanos, que atiende a los argumentos de aquellos que podrían resultar afectados. Me pregunto si este modelo de democracia deliberativa se hubiese aplicado antes de tanta trifulca, destrozos, violencias, pérdidas de vidas y cuantiosos recursos.

¿Cómo construir una democracia deliberativa? No hay recetas, pero sí alternativas que hacen viable la renovación de la democracia representativa, a través de la eliminación de las distancias entre los representantes y los representados: realización de encuestas deliberativas y días de deliberación; la organización de jurados de ciudadanos; la ampliación de mecanismos de información y comunicación, a través de las redes sociales; y mediante la educación cívica y financiación de los organismos deliberativos.

Nada se pierde con aplicar este sistema para mejorar la producción legislativa, y sobre todo prevenir los conflictos. (O)