El Hotel Quito, que es un bien patrimonial de nuestro país, fue objeto de un atraco perpetrado por ciertos delincuentes que están identificados. La Comisión Nacional Anticorrupción y los dirigentes barriales de La Floresta, Guápulo, González Suárez y el Colectivo Hotel Quito es Quito, presentaron la denuncia en diciembre de 2020 en la Fiscalía para que se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables que vendieron el hotel a precio de “gallina enferma” y se embolsicaron, seguramente una “jugosa comisión”. Este bien inmueble es propiedad de los afiliados y jubilados del IESS y las agrupaciones de jubilados han denunciado este atraco a la opinión pública. Destaco que los directivos de los barrios mencionados han venido desde hace algunos años luchando denodadamente para que no se carguen en peso el hotel y los terrenos aledaños. Gracias a esa lucha, no se han podido cumplir los proyectos mercantilistas de los compradores.
El hotel fue vendido a la Empresa China Road and Bridge Corporation, CRBC, por parte del IESS, por un monto de $ 30 827.333 más los intereses, con fecha 14 de septiembre del 2016.
Según las afirmaciones contundentes y jurídicas expuestas por los dirigentes barriales en un comunicado público “El Hotel Quito es un bien patrimonial nacional desde 1998 y fue incluido en el Inventario de Bienes Patrimoniales del Barrio La Floresta en 14 de diciembre del 2014, mediante resolución C250 del Municipio de Quito. Posteriormente, se lo ha incorporado en la Resolución No. 114 del 28 de diciembre del 2020 del Instituto Metropolitano de Patrimonio Nacional con otros 7000 bienes culturales. El Hotel Quito por su ubicación es un predio del Barrio La Floresta y lo cobija un Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Sector La Floresta aprobado mediante Ordenanza Metropolitana No. 135 de 11 de noviembre de 2011, la cual se encuentra en plena vigencia”. Es decir, este bien patrimonial no podía ser objeto de la venta dolosa efectuada, por lo que, es necesario y urgente que tanto la Fiscalía, como la Procuraduría General del Estado y el IESS, actúen con celeridad para que el atraco no se consume. Y la Cancillería también debería intervenir, para que, mediante la diplomacia de país a país, esa Empresa china, que seguramente debe ser estatal, de mutuo acuerdo con el IEES den por terminado el contrato de compraventa y acepten la devolución de lo pagado.
