El verano es tiempo de vacaciones. De descanso y viajes. De liberarnos de la maldita rutina, de atrevernos a dejar los miedos y de olvidar, por unos días, los agobios diarios y las preocupaciones laborales. Y también es tiempo para los talleres, los cursos vacacionales, los festivales y las más variadas actividades culturales. El verano es tiempo para la música, las artes escénicas y para sumergirnos en las páginas de un buen libro.
En Quito se realizará por tercer año el Verano de las Artes (VAQ), un intento por recuperar el recordado ‘Agosto, mes de las artes’. Y por segundo año, se realizará el programa ‘Quito tiene teatro’, en el cual los propios artistas, asociados en gremios, son los que han generado el proceso para la planificación, selección de grupos y elaboración de la programación, con un presupuesto de 108 mil dólares, que les permite al menos solventar los costos de producción.
Pero los temas de fondo no se han resuelto, pues la ciudad sigue sin políticas culturales y con presupuestos inequitativos, y lo que es peor, con fundaciones privadas que viven de recursos públicos. Sin embargo, sorpresivamente, el pasado 6 de julio, el alcalde Mauricio Rodas expidió, mediante Resolución A 015, una ‘declaración de principios’ para la aplicación en la ciudad de los derechos culturales.
La resolución establece la estructura de la Red Metropolitana de Cultura, las entidades que la conforman -que incluye la Fundación Teatro Nacional Sucre- y determina que “la política cultural en el Distrito Metropolitano tiene el propósito de garantizar el libre acceso a la cultura, la protección, promoción y celebración de la diversidad cultural”, así como la inclusión cultural y el desarrollo sostenible.
También deja en claro el tema de la ocupación del espacio público y, sobre todo, establece con claridad que: “ningún individuo o grupo puede verse privado de la libre utilización del espacio público.” Aunque inmediatamente lo matiza con un: “dentro del respeto a normas establecidas”.
Esta declaración de principios también se refiere a la “experiencia de la cultura” para contribuir a la apreciación de la diversidad cultural, del patrimonio y de la identidad y que “los ciudadanos sean tratados como sujetos competentes y sensibles, y no como meros consumidores de cultura”.
La resolución también llama a implementar ‘diálogos creativos’ como una de las metas de la administración cultural del Distrito Metropolitano. Y afirma los derechos al acceso y participación en la vida cultural; a la identidad; al patrimonio cultural; a la educación y formación artística; a la inserción en la economía; a la cooperación cultural; y a la información y comunicación.
Esta declaración de principios es, sin duda, un avance importante, ya que establece un marco -aunque incompleto- en el cual deben generarse las políticas culturales para la ciudad. Finalmente, establece que le corresponde a la Secretaría de Cultura asumir, de modo inmediato, la responsabilidad de dictar los instructivos que sean necesarios.
A partir de esta resolución debería iniciarse un proceso, amplio y participativo, para ordenar -al fin- la gestión cultural en la ciudad y, sobre todo, para contar con políticas públicas que respondan a las necesidades y demandas del sector y -ojalá- en armonía con lo que será la nueva Ley de Cultura. (O)
