Sin duda hay que elogiar el perdón otorgado por el presidente Correa a un grupo de ofensores, condenados previamente por la justicia.

Desde luego, este acto suyo de generosidad humana podrá ser usado por sus críticos y rivales para afirmar que lo hizo acosado por la presión internacional. De otra parte, en el mismo bando de sus seguidores hay quienes afirman que lo hizo con una tardanza de varios días, otorgando así una fácil victoria a sus enemigos políticos.

Disquisiciones aparte, lo cierto es que esta decisión presidencial ha contribuido a bajar tensiones y restaurar la paz social, afectada por las agitaciones propias de un proceso legal y, todavía más, por la campaña mediática desatada por los empresarios de comunicación, sus voceros y amigos.

La otra certeza que surge de esta experiencia es que ha quedado sentado el principio de la responsabilidad ulterior de los medios, frente a informaciones equívocas o afirmaciones ofensivas.

Ello ayudará para que, en adelante, los medios actúen con mayor responsabilidad y mesura y se cuiden de auspiciar, de modo expreso o tácito, afirmaciones infundadas o calumniosas hechas por sus colaboradores. Libertad de prensa no es libertad de ofensa.

Pero hay otro asunto legal pendiente de una solución igual o similar: la situación de un buen número de gentes del pueblo, que, por diversas razones, han sido acusadas de atentar contra la seguridad del Estado.

Todo indica que estas personas deben recibir un perdón o amnistía por sus actos, que contribuya al pleno restablecimiento de la paz y la concordia en el país y facilite el avance de la misma Revolución Ciudadana.