Tras un proceso electoral como el vivido en Ecuador, surge la inquietud de si ¿Los ciudadanos votan igual a cómo opinan? Para estudiosos de las ciencias sociales, generalmente suponen una igualdad o linealidad en la relación entre opinión y voto, lo que equivale a sostener que las personas se comportan tal cual a cómo opinan. En este sentido, las diferentes corrientes dentro del campo de estudios de la opinión pública y de las teorías que procuran comprender el comportamiento de voto, tienden a equiparar ambos conceptos.
En la literatura, este supuesto se refleja en frases como: “es en el voto como el ciudadano termina por expresar su propia opinión” (Sartori, 1992); “desde la perspectiva del análisis de la opinión pública, el voto es tanto comportamiento como opinión” (Mora y Araujo, 2005) o “el acto de votar es una clara expresión conductual de la opinión” (Price, 1992: 73).
Habermas (1981), uno de los autores más influyentes en la historia del concepto, enfatiza el aspecto racional de la opinión pública, legado de la ilustración. Para este autor es una encarnación del discurso razonado de la conversación y del debate activo, considerado “público” en al menos dos sentidos. En un sentido se dirige a determinar la voluntad común y por tanto no puede ser entendido como un mero conflicto de intereses individuales; en otro, también se considera público en el sentido de una participación que es abierta a todos.
Sartori (1992), por otra parte, en su definición del concepto se refiere a “estados mentales (difusos) que interactúan con los flujos de información sobre el estado de la cosa pública” (1992: 149-150) otorgando un lugar al modo en que los públicos se relacionan con las informaciones y reciben los mensajes. Sin embargo enfatiza que las opiniones no solo tienen relación con las informaciones, sino que se derivan también de los grupos de referencia (familia, amigos, trabajo), de manera que éstas provienen finalmente de dos fuentes: mensajes informadores e identificaciones (Sartori, 1992: 156).
En este contexto, trece millones cuatrocientos mil ecuatorianos habilitados para sufragar- marcados por una crisis de seguridad sin precedentes en el país- cumplieron con un proceso electoral extraordinario y por ende atípico para completar el período 2021-2025. A través del voto ratificaron su compromiso con la democracia transparente y el rechazo hacia el autoritarismo, odios y revanchas.
No es dable aspirar gobernar culpando a otros ni profundizando la división entre ecuatorianos; irreparable es el daño causado. Hay que tener presente que el voto entregado en urnas, es condicionado por parte de una ciudadanía cansada y desesperada, que debe tener presente la máxima autoridad electa y no creerse el más nuevo y agraciado caudillo. Además de suponer una incógnita para un país asolado por la violencia, es de esperar fidelidad del nuevo mandatario para quienes lo llevaron al poder.
En la segunda vuelta y escrutados el cien por ciento de las actas, según el Consejo Nacional Electoral, el presidente Daniel Noboa, quien cumplirá 36 años el 30 de noviembre, obtuvo 5’183.059 votos en 16 de las 24 provincias, arrasando en la Sierra y la mayoría de la Amazonía. La victoria está dada y las funciones del Estado como la sociedad civil, deben estar muy claros.
En la otra vereda, los resultados de la candidata ( 4’796.083 de votos) suponen una bofetada a un correísmo herido que pierde sus segundas contiendas presidenciales consecutivas y así , su líder exiliado en Bélgica, ve alejarse la posibilidad de retomar el poder.
El más joven de los presidentes desde el retorno a la democracia, no tiene experiencia política, no proviene de ningún partido político ni se define ideológicamente pero su discurso liberal, su intención de reducir impuestos y fomentar la inversión extranjera lo ubican en el centro derecha. Con el tiempo, los ecuatorianos deben perfilar la personalidad del nuevo presidente que se posesionará en sus funciones a mediados de diciembre 2023.
El heredero del imperio bananero, hijo del cinco veces aspirante Alvaro Noboa y candidato de Alianza ADN (Movimiento PID, del primo del ex presidente Lenin Moreno y el Movimiento Mover, reencauche del desaparecido Alianza País), se enfrenta a la realidad de gobernar hasta mayo de 2025 para completar el período de cuatro años que le correspondía al presidente Guillermo Lasso, quien dio paso a estos comicios tras invocar a la ‘’muerte cruzada’’.
Entre los ecuatorianos, el sentido funcional del carácter obligatorio del voto como derecho pasó a segundo plano para imponerse su carácter de compromiso, de deber ciudadano. El mensaje dado en las urnas, en unas elecciones anticipadas, evidenció la necesidad de ser libres de la polarización, demagogia, secuestro y autoritarismo al que sometió el caudillo.
El pronunciamiento del pueblo invita a la reflexión de la clase política para en los 16 meses, lograr gobernabilidad y aprobar leyes que permitan salir adelante de la crisis que duele y agobia. De allí la importancia de las elecciones periódicas, justas, confiables y competitivas, al reconocer como uno de los principales instrumentos procedimentales que tienen las democracias contemporáneas. La certeza de los resultados, son elementos que consolidan la democracia, no solo como forma de gobierno, sino también como forma de vida de una sociedad fundada en el estado de derecho y en el respeto de los derechos humanos.
