La distribución social de la plusvalía ha sido, en el proceso de democratización del Estado, un tema pendiente. La Ley de Redistribución del Gasto Social no es más que eso, una medida de redistribución pura y dura. No es una dádiva, no es un regalo ni un incentivo a la vagancia. Tampoco es un “castigar al éxito económico”, como se lo plantea, desde la postura más fría y deshumanizada del corporativismo, Hernán Pérez Loose. Es un cuestionamiento. Es un desafío al statu quo. Es debatir aquella visión mercadocéntrica de un modelo cuyos beneficiarios han sabido mantenerse dentro de la hegemonía política y económica, y han condenado a quienes han propuesto un modelo paralelo o contrapuesto.
El presidente Correa, en el enlace sabatino, en una posición más conciliadora y abierta que la tomada inicialmente al proponer el impuesto, hizo un planteamiento determinante en lo que se debe considerar como eje fundamental dentro de cualquier revolución trascendente: un llamado a cuestionar las relaciones económicas. Un llamado a cuestionar la repartición de los excedentes. Un llamado a cuestionar los modelos financieros y sus relaciones con la sociedad. No es un llamado a erradicar y transformar estas instituciones, es un llamado a determinar si aquellas visiones (algunas arcaicas, otras necesarias) están en correspondencia con nuestra visión de país y sociedad.
Muy aparte del (existente) trasfondo político/electoral en el cual se ha enfocado la mayoría de opositores a esta medida, es indispensable adentrarnos en un contexto mucho más determinante para un modelo social que los mecanismos de campaña, sin desmerecer la influencia de estos últimos. Es la asimilación de un sistema disfuncional, elitista y discriminatorio y, a su vez, tan arraigado en nuestro modelo universalizado de la relación sociedad-mercado que ha terminado por moldear las relaciones humanas frente al capital. Y esta asimilación debe llevarnos, inevitablemente, a determinar las características que este sistema ha perpetuado y homogeneizado en desmedro de una gran mayoría.
No es cuestión de eliminar el sistema. Tampoco es cuestión de darle un nuevo nombre. Es cuestión de cambiar las relaciones de dominación que este sistema ha creado a través de un cuestionamiento de las conductas que se han normalizado social y culturalmente, y que por muchos años (ya décadas) ha estigmatizado la rebelión intelectual y física hacia este statu quo. La Ley de la Redistribución del Gasto Social está plagada de matices que servirán para mantener el debate en lo superficial. Es hora de aceptar el reto: es hora de cuestionarnos desde lo profundo.
