Hasta el momento de escribir estas líneas no aparece ninguna acusación concreta en contra de Jorge Glas y sin embargo, se lo mantiene privado de la libertad y continúa siendo víctima del linchamiento mediático, particularmente, por parte de los órganos de comunicación en manos de la oligarquía.
Es evidente que no cabe mantener en la cárcel a un ciudadano que, como todos, goza del derecho constitucional y universal de considerarse inocente, mientras no se demuestre ilegalidad dolosa.
Algunos han tenido la villanía de pedir que Glas dé un paso al costado para facilitar el debate sobre su inocencia. Como todo hombre de bien, él rechazó la sugerencia porque se considera víctima de calumnias, de suspicacias.
Quien nada debe no tiene que dar pasos sino adelante, o cuando más, mantenerse firme en su sitio para seguir demostrando que se ha atacado por odio político.
Aunque tengan interés los sectores antagónicos al régimen anterior, no se puede ni se debe atropellar los derechos humanos de los personajes vinculados a los problemas del Estado.
Solo los bailarines dan pasos a los costados y los culpables dan marcha atrás para eludir el castigo que merecen si han cometido algún delito.
Muchos sectores vinculados a los procesos que tienen que ver con la marcha política del país están expresando su desacuerdo con la consulta popular anunciada, porque encuentran que varias de las preguntas están reñidas con la norma constitucional.
Una de las preguntas pretende eliminar varios órganos institucionales que rigen actividades del país en diversos aspectos.
Fundamentan su oposición, en que de ganar el SÍ, con el argumento de consolidar la democracia, el Ejecutivo quedaría facultado a designar a dedo las ternas para reemplazar a las autoridades de control y ocupar así estas importantes funciones.
Los actuales componentes obtuvieron su ubicación a través de concursos de méritos. Es probable que se argumente que los concursos fueron amañados: Si no se puede demostrar el aserto, se podría pedir que el voto ciudadano apruebe la realización de nuevos concursos supervisados por veedores electos por la Asamblea Nacional.
Otra pregunta que es cuestionada es por tener dedicatoria en contra de un solo ciudadano, Rafael Correa, tratando de impedir su postulación a una futura elección.
Las acciones gubernativas y los resultados de procesos consultivos no pueden tener beneficiarios que invaliden las ejecutorias del Gobierno anterior, estas deberían ser para beneficio de la sociedad en su conjunto.
El pueblo soberano tendrá la última palabra. (O)
