Por la ciudad se advierten acciones irrespetuosas. Gente que abusa de los bienes públicos y propiedades ajenas. Se observan vendedores tomados las vías públicas que obstruyen la libre circulación de peatones, vehículos mal estacionados, conductores que no usan las direccionales o que no respetan las señales de tránsito, vecinos que alzan el volumen de su música y así, un sin número de hechos en contra de la convivencia ciudadana y no hay autoridad que aplique la Ley.
En octubre de 2019, como parte de las protestas, un sector de la ciudadanía, destruyó propiedad pública, incendiaron el edificio de la Contraloría del Estado y nadie paga por la destrucción.
Por la corrupción del poder político, se pierden cientos de millones de dólares en contratos, con sobreprecio, entre el Estado y empresas proveedoras de bienes y servicios que, además, mediante coimas consiguen los favores del poder de turno. Negocios petroleros, de construcción, adquisición de armamento, vehículos, contratos de seguros y reaseguros, todo lo que la Administración Pública establece para el “funcionamiento” del Estado.
Un ejercicio para encontrar a los corruptos, es identificar los contratos firmados por el Estado en un periodo determinado, agrupados por sus cuantías, se observa el valor original del objeto del contrato y se compara con el valor final cancelado por la Función Pública. Con este primer ejercicio, se conoce si existió un precio justo.
En el mundo existen propuestas de acciones para combatir la corrupción, tales como la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción y el Programa Temático Global de Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo, PACDE; y otros, que, si habría la decisión política del Gobierno, estarían prestos a colaborar con la transparencia de la Administración Pública. Sin menos preciar estas iniciativas de los organismos multilaterales, mejor, para ejecutar sus recomendaciones, se debe estructurar un grupo de honorables mujeres y hombres ecuatorianos, asistidos por equipos de profesionales legales, informáticos y financieros, para obtener en primera instancia, una base de datos de los contratos públicos ejecutados desde agosto de 2006 hasta abril de 2021.
Los contratos sobrevalorados deberán ir a una auditoria especializada y así captar, los primeros indicios de actos de corrupción. Mientras tanto, se debe apoyar y fortalecer las acciones emprendidas por la Fiscalía, por periodistas de investigación y demás que denunciaron actos de corrupción.
