En teoría, la separación de poderes del Estado es una característica esencial de una república. El propósito de la separación de poderes es evitar la concentración del poder en un solo órgano estatal, porque llevaría ineludiblemente a una dictadura. Busca limitar las atribuciones de los órganos estatales mediante un sistema de pesos y contrapesos e impide los abusos de autoridad.
De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, quien debería ejercer el control político, a través de la fiscalización a las otras funciones del Estado es la Función Legislativa, ejercida por la Asamblea Nacional. Así mismo, en los gobiernos locales deben ejercer la fiscalización los consejos provinciales y concejos cantonales; los primeros, para fiscalizar a los prefectos y los segundos para controlar a los alcaldes.
Para los asambleístas, consejeros provinciales y concejales, existe normativa para ejercer su obligación de fiscalizar. Según el artículo 61 de la Carta Magna, todos los ciudadanos ecuatorianos, sin necesidad de ejercer un cargo público, tienen el derecho a fiscalizar los actos del poder público. No existe pretexto para que los fiscalizadores no ejerzan su mandato legal. Es una excusa maliciosa o ignorante, decir que no hay suficiente norma para fiscalizar.
En el año 2007, a todo nivel de la administración pública, se inauguró el exceso oficial. El cabecilla sometió a sus camaradas en funciones, persiguió a los librepensadores y amedrentó a quienes osaban divulgar sus fechorías. Administradores y fiscalizadores son cómplices, hay decenas de asambleístas, consejeros y concejales, que no solamente no han cumplido con su mandato, sino que han sido señalados como integrantes de las redes de corrupción que secuestraron al servicio público.
En materia de control político, la Constitución de Montecristi, es letra muerta. Creó entidades de control político, administrativo y penal, que lo único que han controlado es la protección de los delincuentes. (O)
