Control antimonopólico en beneficio popular

- 12 de noviembre de 2014 - 00:00

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, conocida como la Ley Antimonopolios, prohíbe las prácticas monopólicas y oligopólicas que dominan los mercados, posibilitando más la explotación vía precios y calidad en beneficio de grandes grupos económicos, de medianas y pequeñas empresas, en perjuicio de los consumidores.

Es parte de un modelo económico productivo que regula y controla los mercados, y responde a una definición político-ideológica de la Revolución Ciudadana, que considera que el Estado y los mercados deben estar al servicio de la sociedad, del bien común, y no a la inversa.

El modelo que se está ejecutando, desmantelar el neoliberalismo o capitalismo de rapiña, que vendió soberanía, redujo el Estado y su acción, liberalizó los mercados facilitando la especulación, en desmedro de la producción y el bienestar social.

En ese marco, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que se ha organizado con la responsabilidad de Pedro Páez, profesional capaz e íntegro y políticamente firme, cuenta con un buen equipo. Su línea de trabajo corresponde con el marco jurídico, es garantía de una acción fecunda en beneficio de los sectores populares y productores nacionales, que sufren abusos y exclusiones de parte de grupos empresariales poderosos, oligopolios y monopolios.

Esta acción de enorme trascendencia económica, social y política, busca transparentar el manejo productivo de la economía, con visión social y soberana, se complementa con otras que racionalizan las recaudaciones tributarias, el endeudamiento, estimulan la producción, permiten el uso y asignación de los recursos económicos escasos con base en prioridades, junto al control y sanción al enriquecimiento ilícito privado, la prohibición de acaparar y concentrar  medios de comunicación con otros negocios y las regulaciones del sistema bancario-financiero, para evitar nuevos atracos y salvatajes.

La Superintendencia está creando condiciones para que exista una sana competencia, sin prácticas tramposas, desleales, no debe provocar objeciones en empresarios serios. Debemos entender que esta gestión va paralela a la obligación del Estado de administrar los sectores estratégicos de la economía, prestar servicios básicos a la colectividad, utilizar productivamente la reserva internacional, impedir la salida indiscriminada del ahorro, respetar los derechos de la naturaleza; en fin, organizar un sistema económico social solidario, base para poder desarrollar el gran programa social para el Buen Vivir (Sumak Kawsay), cuyos alcances están definidos en el plan de desarrollo.

Todo es una gran base del objetivo del socialismo del siglo XXI, que debe complementarse, inexorablemente, con políticas redistributivas de la propiedad de los medios de producción.