Al momento de escribir esta columna empezaron a conocerse las aceptaciones a trámite del pedido de nulidad a las votaciones por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Actas de resultados de urnas cuestionadas, suplantación de identidad e inconsistencias han arribado por centenas al Contencioso. Irregularidades que debieron ser resueltas a tiempo por las Juntas Provinciales Electorales (JPE) o por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), atiborran el despacho de jueces electorales.
A estas fechas, a casi un mes luego de las elecciones, el aún no saber si un importante número de virtuales ganadores son realmente quienes triunfaron en las urnas, es una clara manifestación de lo mal llevado este proceso. Recordemos que desde el momento del apagón informático corrió un tsunami de observaciones a los resultados, para luego agravarse con el cuestionado proceder de varias JPE que llevaron al elector hacia un peligroso nivel de dudas de todo el escrutinio.
Responsable: un CNE que no estuvo a la altura de los cambios que el país reclamaba encontrar en las elecciones del pasado marzo en relación a las elecciones de 2017. Muy en especial en razón de las decisiones de quienes no habrían desentonado para nada en el anterior pleno presidido por el mal recordado Juan Pablo Pozo. Por estas razones, la Asamblea Nacional debería pedir comparezcan ante la legislatura todos los consejeros electorales y que cada uno responda por sus aciertos y desaciertos sin perjuicio a las acciones de la Fiscalía.
Que justifiquen por qué en su momento se permitieron reabrir escrutinios que en primera instancia se habían cerrado furtivamente, sin acoger impugnaciones que correspondían resolver en la provincia de Los Ríos, para luego de pocos días dejar todo insubsistente, permitiendo que no se acojan las impugnaciones a los resultados de actas que debían acogerse; no solo por ley, sino por derecho y respeto a todos los electores.
Que respondan también por los reclamos de Esmeraldas, Manabí y de todos los lugares donde se ha perdido la confianza en las urnas. (O)
