Continuando con el hilo de la entrega anterior, respecto de las 396 organizaciones empresariales privadas (entre guayaquileñas y quiteñas) encuestadas por la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), manifestaba –y ahora amplío–: cerca del 14%, no les es ajena la norma ISO 37001 (hoja de ruta proimplementación de medidas preventivas frente a las prácticas de soborno), aunque solo el 70% (del 14%) la difundió, a la interna; alrededor del 8%, conocen la Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la OCDE (ciertamente el país no es miembro aún, aunque en el Foro de Davos 2019 se realizaron acercamientos para aquello) y, prácticamente el 10%, está al tanto de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, de Transparencia Internacional. Una primera deducción es que los instrumentos referidos son escasamente conocidos. ¡Preocupante! La razón tal vez esté en que su puesta en marcha es de carácter voluntaria.
A lo anterior, ya había aseverado que, prácticamente, la mitad de los entes encuestados consideró incluir en su normativa propia un código de ética o conducta. Agrego hoy que: redondeando, el 30% socializa su política empresarial vigente con sus colaboradores y partes contratadas, respecto a la prohibición total de ofrecer sobornos.
Para no agotar al lector (resaltando que el invocado estudio es público), culmino la transcripción de datos con tan solo dos aspectos adicionales: a) la proporción de aquellos entes que cuentan con vías de comunicación confidenciales para la guía o denuncia de prácticas de soborno (sin represalias) bordea el 20%; y, b) el estudio completo destaca: “Un 19% indica que en los contratos de vinculación se establece expresamente su terminación en caso de verificarse hechos de soborno; (…)”. ¿Es tibia la cláusula para ese hecho, una vez comprobado?
De paso, ¿Incorporar una norma ISO lo es todo? Es solo el principio…f (O)
