La decisión de la Corte Constitucional colombiana de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, ha llenado de esperanza a la región y se ha consolidado como un referente en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esto ocurre en un momento en el que algunos países sudamericanos, como Perú y Ecuador, discuten el tema en el ámbito interno, en un tenor no tan afortunado.
Con gran lucidez y empatía, la Corte colombiana fundamentó su decisión en la relación entre la pobreza y la criminalización del aborto. Reconoció que las mujeres que más frecuentemente son criminalizadas por el delito de aborto consentido, y las que sufren las más graves consecuencias en su salud, están expuestas a diversos factores interseccionales de discriminación que las hacen aún más vulnerables. Por ello, dijo la Corte, la prohibición categórica del aborto afecta de manera particularmente grave a las mujeres más pobres o racialmente discriminadas. Con ello, indicó el tribunal, los factores interseccionales que les generan vulnerabilidad y exclusión se exacerban, perpetuando estos círculos de pobreza y marginalización en varias generaciones por venir.
En contraste, la Asamblea del Ecuador aprobó, en días pasados, el texto de una ley para operativizar el aborto en casos de violación en el país, que difícilmente se compadece de las víctimas de este atroz delito, menos aún de mujeres y niñas en situación de pobreza u otras formas de vulnerabilidad. En lugar de crear la ley reparadora y justa que la Corte Constitucional ecuatoriana le ordenó hacer en abril de 2021, el texto aprobado y que ahora se encuentra en manos del Ejecutivo para su posible veto, es en realidad un obstáculo a la posibilidad real de las víctimas de embarazo forzado por violación, a acceder a un servicio de salud oportuno y seguro, que les permita seguir adelante sin que su proyecto de vida quede despedazado.
Los plazos máximos fijados en la ley ecuatoriana son de 12 semanas para mujeres adultas y 18 para niñas. Estos plazos quizas serían razonables para una regulación de aborto por libre demanda, pero acá estamos hablando de mujeres violadas, mujeres que han sufrido un trauma inimaginable, mujeres que quizás se encuentran sometidas al control de sus familiares, mujeres víctimas de trata, mujeres que quizás, aún después de ese embarazo, son todavía abusadas por sus perpetradores. Quizás son mujeres de zonas rurales o alejadas, donde acceder a un centro médico toma varios días. Quizás son niñas que, por su inmadurez o desconocimiento, no se enterarán sino hasta mucho después de su estado de gestación. Los asambleístas, salvo unos pocos, no pensaron en ellas.
No pensaron en que las niñas y mujeres violadas necesitan tiempo para procesar, para pensar, para decidir si abortar o no abortar. Tiempo para recuperarse de la agresión, si esta ha dejado otras secuelas físicas. Tiempo para atreverse a contar el hecho, algo que en las niñas, al menos, ocurre mucho después, si es que ocurre. Quitarles tiempo fue la estrategia de los conservadores para que en la práctica, no puedan acceder a esa terminación voluntaria de sus embarazos. Fue asegurarse que lo que ordenó la Corte Constitucional no pueda hacerse realidad. Los tiempos que se pedían no apuntaban a garantizar los derechos progresivos del nasciturus (se olvidan de las necesidades de los niños una vez que nacen), sino a reducir el acceso a ese servicio de salud.
Esa ley, que más que justa es obstructiva, no afectará a mujeres que tengan recursos económicos, porque en estos casos, basta comprar un ticket aéreo a un país donde sí se permita el aborto, y cuestión arreglada. El obstáculo afecta a las mujeres y niñas empobrecidas, que como bien reconoció la Corte Constitucional colombiana, dependen, para el ejercicio de sus derechos de la voluntad de políticos ignorantes que negocian con sus derechos para mantenerse en sus curules. Políticos que nunca harán nada porque esos bebés, producto de violaciones, tengan una existencia medianamente digna.
A pesar de la desazón, el fallo colombiano nos llena de esperanza. Primero, porque es muestra, una vez más, de que las cortes de cierre en Latinoamérica juegan un rol importante para tutelar derechos, aunque a muchos no les guste. En segundo lugar, porque el avance regional en materia de derechos sexuales y reproductivos sigue de manera firme, que la marea verde es imparable, y que será cuestión de tiempo para que en Ecuador también exista una ley que asegure un acceso justo al aborto, al menos por violación
