La teoría de la democracia representativa presume que las campañas electorales tienen entre sus objetivos proporcionar un tiempo y un espacio en el cual la comunidad pueda debatir y sopesar las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular.
Se supone, además, que los planteamientos de los aspirantes deben tener un carácter ideológico y programático, amén de ser otras tantas visiones de cómo los partidos concurrentes entienden el bien común y el interés público. Asimismo, se supone que los votantes podrán conocer a los postulantes, examinar sus capacidades, sus condiciones de liderazgo, sus méritos y sus antecedentes cívicos.
Sin embargo, hoy en día parecemos estar cada vez más lejos de este ideal. Las campañas se han reducido básicamente a dos actividades degradadas: una maratón de ofertas mediante las cuales los adversarios intentan sobornar al elector, en una descontrolada e irresponsable subasta de promesas, y, en segundo término: a un canallesco duelo de acusaciones e injurias que no tienen otro objetivo que desprestigiar y enlodar al contrincante. La puja de ofertas, en particular, debería ser vista como una forma de corrupción, equivalente a la compra de votos lisa y llana.
En definitiva, se trata de convencer al elector que si opta por el candidato, y este es elegido, esto le traerá una retribución material como resultado de su gestión. No parece claro que haya diferencia moral alguna entre la antigua práctica de la compra del voto en las inmediaciones del recinto electoral, con la que se hace a voz en cuello, en público y con descaro a través de los múltiples canales y medios que la tecnología contemporánea ofrece.
Es extremadamente grave que hayamos “normalizado” y aceptado como parte del orden corriente de la vida pública esta práctica, que es uno de los factores que más desprestigian al sistema democrático, toda vez que hace de la venalidad una virtud y de la abyección pedigüeña el ápice de la integridad ciudadana. (O)
