En el espectro político nacional hay una novedad que genera toda clase de opiniones, unas a favor y otras en contra, se trata del anuncio de nueva consulta popular impulsada por el gobierno en el marco de los artículos 61.4, 104, 147.14, 441 de la Constitución del Ecuador (CE). Como mecanismo de participación democrática directa, la consulta se utiliza con frecuencia y buenos resultados en muchos países, lo que no solo depende de los tópicos consultados, sino entre otros elementos, de la gestión gubernamental, difusión y debate apropiados. Tal como se la ha planteado, la consulta envía señales varias y necesita algunas claves para su adecuada comprensión.
Se suele ubicar pros y contras de este tipo de procesos, por ejemplo: el alto costo que puede representar, la oportunidad de concretarla -el timing político-, la complejidad y variedad de temas en juego, el desconocimiento de la gente, el riesgo de instrumentalización política, puede derivar en una medición de popularidad del gobernante que desplace lo de fondo, así mismo puede parecer un lavado de manos ante la necesidad de tomar decisiones difíciles. Como cuestiones positivas derivadas de una consulta se suele señalar que es una vía para que el pueblo sea escuchado y el gobierno se someta a la voluntad popular, el gobierno puede mostrarse más democrático porque haría lo que el pueblo ordena o defina, permitiría destrabar complejos bloqueos políticos e institucionales sobre temas álgidos y pendientes operando como válvula de escape que facilita alcanzar resultados rápidos.
En todo caso, los resultados de la próxima consulta que podría realizarse antes de 2023, dependerán de los asuntos que finalmente se planteen y la manera como se los presente. Por ahora, se conoce que contiene 8 preguntas y anexos que enmendarían la Constitución y que están siendo analizadas por la Corte Constitucional; versan acerca de tres ejes: 1) Seguridad, respecto al papel de las fuerzas armadas, extradición de nacionales por delitos relacionados con el crimen organizado, fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía General del Estado. 2) Sistema Político -este eje modificaría la dimensión y alcance del poder político según consta en la Norma Suprema de 2008-, sobre la Asamblea Nacional y la reducción del número de asambleístas, movimientos políticos y exigencias para su funcionamiento, recorte de facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que pasarían a manos de la Asamblea Nacional. 3) Ambiente, relacionado con protección hídrica y de la naturaleza, compensación ambiental social por apoyo a la generación de servicios ambientales.
Se extraña el no haberse incluido en la propuesta preguntas sobre otros asuntos urgentes referidos a políticas públicas -y por ende a legislación-, enfocadas con precisión a lo social y económico, en lo tocante sobre todo a salud, educación, seguridad social, atracción de inversiones, producción, generación de empleo. A la sazón, ha trascendido que podrían agregarse más preguntas.
En todo caso, siempre será positivo profundizar la democracia con iniciativas dirigidas a transformar la realidad, permitiendo que el pueblo soberano correctamente informado y sin manipulación decida cuestiones de fondo, estructurales y de amplio interés, pensando solamente en el Ecuador como nuestro gran proyecto compartido.
