Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñez y adolescencia? Es evidente que condenar la violencia sexual significa sancionarla mediante el sistema penal que tenemos. Es menos evidente que esto no basta.
Lo más importante para el Estado al hablar de violencia sexual es el castigo. Los violadores deben ser juzgados, es el acto de justicia del cual dispone el Estado para las víctimas, pero erradicación, prevención, no son las palabras preferidas en tiempos de campaña.
Una vez que estos delitos dejen de prescribir: ¿Qué harán con las víctimas? ¿Qué reparación habrá para quienes no pudieron abortar? ¿Cómo actuará el Estado en las familias donde los padres son los agresores?
Esta pregunta jala el Sí: aprovecha la indignación frente al país pedófilo en que vivimos, pero no puede ser instrumentalizada. Las víctimas deben tener derecho a denunciar aunque hayan pasado años de silencio, pero la imprescriptibilidad es un recurso que debe ir acompañado de un trabajo sostenido para poner en valor voces históricamente ignoradas: para que las víctimas hablen y puedan empezar a sanar. Para que no sea oportunista, el Gobierno debe estar a la altura de las implicaciones de esta pregunta tras haberse destapado la tolerancia a la pedofilia dentro del sistema educativo.
¿De qué sirve la imprescriptibilidad cuando la mayoría de casos de abuso sexual no tienen sentencia o no se denuncian desde el Estado? ¿Qué pasa con funcionarios del Gobierno que no actuaron frente a la violencia sexual, también serán juzgados? ¿Para qué el cambio en la ley si la impunidad antecede toda ley?
El Gobierno Nacional tendrá que responder a los procesos de la agenda de las mujeres, muy anteriores a su gestión y que seguirán cuando esta termine. La pregunta no basta, queremos la erradicación de la violencia de género para toda la población: radical, con cambio de modelos, fuera de campaña y más allá de esta consulta. (O)
